Por unanimidad de votos, los diputados de la Sexagésima Legislatura aprobaron la reforma a la Ley Orgánica Municipal por medio de la cual se le regresa la facultad a las 611 juntas auxiliares de administrar el Registro Civil, derecho que le fue arrebatado en 2013 y que originó la tragedia humana en Chalchihuapan.
Con 40 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, los diputados por primera vez conjugaron sus opiniones en que fue un error el haberles quitado esa facultad a las juntas auxiliares en 2013 a mediados del sexenio de Rafael Moreno Valle.
Desde la tribuna los diputados llamaron al gobernador Antonio Gali Fayad, para que no vete esta reforma a la Ley Orgánica Municipal para regresarle a los ayuntamientos la facultad de administrar los Registros Civiles, pues es un reclamo unánime de los habitantes.
En su oportunidad, los diputados de las fracciones del PRI, Movimiento Ciudadano, PRD, Morena, PRS, PT fijaron su posicionamiento, el cual de manera unánime coincidieron que fue una reforma acertada y oportuna.
En el caso específico de la coordinadora del PRI, Rocío García Olmedo, al subir a tribuna resaltó que fue un “gran error” de la administración panista que en 2013 determinó que los diputados de la 58 legislatura quintaran facultades a las 600 juntas auxiliares, de ellas, 17 asentadas en Puebla capital.
En su oportunidad, el coordinador de la fracción del PRD, Armando García Avendaño aseguró un voto a favor a esta reforma, por el beneficio que le dará a la población.
Además destacó que habrá ahorros económicos para los poblanos al tramitar su acta de nacimiento, y las actas de matrimonio sin necesidad de desplazarse distancias largas que originaban un calvario más que un beneficio.
El diputado de PRI, Nibardo Hernández, solicitó que una vez que se apruebe esta reforma y se publique en el Periódico Oficial del Estado, se envíe un boletín informativo a las 611 juntas auxiliares a fin de que conozcan la facultad que implica la administración del Registro Civil y las consecuencias a las que se harán acreedores si hacen mal uso del servicio.
“Las autoridades auxiliares deberán conocer las implicaciones que hay, en caso de incurrir en ciertos delitos, pues podrían falsificar actas y eso no pude permitirse”, agregó.
