Ciudad de México. Aunque los diputados federales, Claudia Báez Ruiz (PES), Lucero Saldaña Pérez (PRI) y José Guillermo Aréchiga Santamaría (Morena), participaron durante la comparecencia del Secretario de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los 23 legisladores poblanos que representan a la entidad en la Cámara Baja demostraron una falta de interés al debate.
Durante las más de 5 horas que duró la comparecencia, los legisladores poblanos solamente se aparecieron por escasos minutos al pleno, sin poner interés a la sesión, donde diputados federales de las diferentes fuerzas políticas cuestionaron al titular de la SEP sobre la reforma educativa, la evaluación magisterial, las dificultades financieras en universidades públicas y los avances en la reconstrucción de planteles escolares afectados por los sismos de 2017.
Como santos, quienes hicieron breves apariciones, fueron los diputados, Fernando Manzanilla, Alejandro Barroso, Alejandro Carvajal y Miguel Acundo Gonzáles.
Desde tribuna, la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Claudia Báez Ruiz, solicitó al secretario de educación pública, conocer los alcances que ha tenido el programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, con la finalidad de adaptarlo y replicarlo ante el grave fenómeno migratorio que se vive en la frontera sur del país.
La legisladora poblana recordó que “en algún momento la SEP tuvo la iniciativa de establecer un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social para entregar estímulos por la asistencia y permanencia escolar de las niñas, niños y adolescentes migrantes en los ciclos escolares, lo que parecía representar un gran paso adelante hacia ambientes de no discriminación en el ámbito escolar”.
Resaltó que el programa tenía como objetivo ampliar la construcción, la rehabilitación, el acondicionamiento y equipamiento de los inmuebles educativos destinados a la atención de las niñas y niños familiares de jornaleros agrícolas migrantes.
Para comprender el costo-beneficio del programa, Báez Ruiz, cuestionó: ¿cuál es el gasto ejercido para su desarrollo y cuáles fueron sus resultados? ¿Qué elementos pueden rescatarse para su ejecución en respuesta al fenómeno migratorio de la frontera sur que hoy vive México?
Al respecto, Otto Granados Roldán, informó que en el ciclo escolar 2017-2018, con este programa la SEP atendió aproximadamente 47 mil 773 estudiantes en educación básica, pertenecientes a familias de jornaleros agrícolas migrantes, de los cuales 23 mil 458 son niñas y 24 mil 315 niños. Hasta septiembre se incluyeron 2 mil 213 estudiantes adicionales, con una erogación presupuestal aproximada de 238.3 millones de pesos en subsidios a las distintas autoridades educativas locales para la atención específica de esta población.
“¿Cómo lo hemos hecho? A través de los programas y las modalidades que tiene el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA; a través de distintos centros educativos migrantes, para apoyarlos en materia de infraestructura y equipamiento, fortalecimiento académico, acciones de inclusión educativa”, refirió.
Por su parte, el diputado federal de Morena, José Guillermo Aréchiga Santamaría, aseveró que las cifras que presentó ante la Cámara Baja el secretario de la SEP sobre la situación que vive la educación en México “no corresponden a la realidad”.
Lamentó que de los casi 40 mil millones de pesos destinados al programa Escuelas al CIEN, el 26 por ciento de las mismas reporta un 0 por ciento de avance.
Respecto al Programa de Jornada Ampliada, indicó que se les asignaron inicialmente 7 mil 600 bimestrales a los maestros que laboran en este esquema, sin embargo, solamente se les entregan 5 mil 500 pesos y los obligan a firmar por los 7 mil 600.
“Lo que usted representa es un gobierno autoritario y corrupto y esa es la reforma que usted ha venido a defender”, recriminó desde su curul Aréchiga Santamaría.
En defensa del modelo educativo actual, la diputada federal del PRI, Lucero Saldaña Pérez, exhortó al nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, a que no cancele la Reforma Educativa, “sino la analice, la valore en su justa dimensión. Que podamos seguir defendiendo la calidad educativa que da igualdad entre los géneros, desarrollo humano, crecimiento de las comunidades y por supuesto, desarrollo de las naciones”.
Granados Roldán defiende modelo educativo
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán, afirmó que la política educativa de la actual administración, sustentada en la reforma de 2012-2013, exhibe avances, aciertos y objetivos alcanzados, pero también áreas de oportunidad, insuficiencias y pendientes.
“Toda transformación educativa sistémica es un proceso sumamente complejo que madura y se consolida a largo plazo”, manifestó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, con motivo del análisis del sexto y último informe de gobierno del Ejecutivo federal.
El funcionario federal comentó que la acción educativa del Estado mexicano, durante el actual sexenio, se ha orientado a “tener mejores logros de aprendizaje, mejores maestros, mejores contenidos y mejores escuelas para todos”.
Sin embargo, reconoció “falta mucho por hacer, el camino es difícil y sinuoso; la buena educación es por definición una obra en construcción, pero empezamos a observar algunos avances”.
Refirió que México tiene el noveno sistema educativo más grande del mundo, con 36.5 millones de alumnos –1.2 millones más que en 2012– y dos millones 85 mil maestros, que trabajan en 258 mil escuelas, de las cuales el 86 por ciento es pública.
“Ofrecer una buena educación equitativa e incluyente en un país así, es un desafío institucional, político y presupuestal mayúsculo, pero, sobre todo, es un reto moral y ético”, indicó.
Granados Roldán destacó que la escolaridad promedio de la población mexicana alcanza los 9.5 grados y la tasa de analfabetismo es de 4.1 por ciento, “la más baja de toda la historia”.
Indicó que en el país existen 90 mil primarias y en la mitad de ellas estudia el 87 por ciento de la matrícula. En la otra mitad, están inscritos el 13 por ciento restante de estudiantes.
“La educación básica atiende ya a 24.4 millones de alumnos, alcanzando una cobertura de casi 96 por ciento entre la población de tres a 14 años de edad, aunque en primaria y secundaria el indicador es prácticamente universal”, comentó.
“En educación superior, los datos preliminares del ciclo 2018-2019 indican que la cobertura podría llegar al 39.9 por ciento, casi 8.0 puntos porcentuales más que en el año 2012”, abundó.
Apuntó que hace ocho años únicamente uno de cada ocho jóvenes de hogares desfavorecidos cursaba la educación superior, hoy lo hace uno de cada cuatro.
“Hoy, en todas las modalidades, 4.5 millones de jóvenes estudian una carrera y de ellos más de un millón 100 mil estudiantes provienen de sectores socioeconómicos rezagados”, expuso.
En materia de infraestructura educativa, dijo, se habrán invertido hacia el final del sexenio, mediante distintos fondos y programas, casi 139 mil millones de pesos, el mayor monto en las últimas cinco décadas.
Respecto a los diversos procesos del Servicio Profesional Docente, refirió que hasta ahora han participado más de un millón 520 mil docentes de educación básica y de media superior.
“Gracias a ello, 242 mil maestras y maestros han obtenido su plaza o promoción de manera transparente y exclusivamente por su esfuerzo, su mérito y su capacidad, y más de 133 mil docentes, están percibiendo ahora distintos incentivos económicos al haber obtenido las calificaciones más altas en su desempeño”, expresó.
Sobre las pruebas para evaluar los logros de aprendizaje, sostuvo que se empiezan a ver mejoras, “en Planea, por ejemplo, entre 2015 y 2017, 11 entidades incrementaron significativamente sus resultados en leguaje y comunicación y 18 en matemáticas”.
Finalmente, señaló, con la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, “ha sido posible introducir eficiencia y transparencia en el pago de los servicios de educación básica y normal en los estados; cumplir con obligaciones fiscales federales y regularizar más de 44 mil plazas cuyo costo equivalía a más de cinco mil millones de pesos anuales”.
