A unos cuantos días del inicio del nuevo sexenio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), órgano del Estado mexicano dotado de autonomía para decidir en los asuntos de su competencia, resolvió la aprobación anticipada de la concesión a Televisa y TV Azteca por 20 años más.
A fuerza de hacer justicia a los hechos, no hay ilegalidad que perseguir. La decisión encuadra en los supuestos legales de tiempo y forma. Se trata, para decirlo sin rodeos, de un albazo político impecable y jurídicamente inatacable, perpetrado por el Ifetel en ejercicio pleno de sus facultades constitucionales y legales.
Una mirada a las condiciones que hicieron posible tal decisión y a la lógica estratégica de los integrantes del órgano de dirección del Ifetel conduce a sus respectivas respuestas: los comisionados extendieron la concesión simplemente porque pueden y quieren, y en respuesta a las instrucciones inscritas en su código genético de salvaguarda de los intereses oligárquicos.
Así, más allá de tratarse de un asunto de primordial relevancia en lo individual, el comportamiento del Instituto pone el dedo en la llaga de un patrón cuidadoso implementado de subversión de la autonomía de los órganos estatales en sujeción a los intereses rentistas de unas cuantas corporaciones.
A lo largo del presente siglo, la historia se ha repetido una y otra vez. En la Cámara de Diputados se ha escenificado la simulación de concursos y convocatorias para la integración de los órganos de dirección de los denominados organismos autónomos, que terminó siempre con el reparto por cuotas entre el PRI, el PAN y el PRD.
El hecho es que la actual integración del INE, el INAI, la Cofece, la Cofetel, etc. representa una de las herencias más perniciosas del régimen plutocrático que hoy agoniza: la captura de los órganos autónomos del Estado mexicano por los grupos oligárquicos de interés. Precisamente, su investidura de órganos autónomos en el Estado mexicano es la clave de su inamovibilidad en el corto plazo.
Si bien se mira, lo que hoy está en juego trasciende los alcances de una controversial decisión en materia telecomunicaciones y apunta hacia el futuro mismo de los organismos jurídicamente autónomos.
Al respecto, no es desestimable la hipótesis de que, entre esperar pacientemente al arranque del nuevo sexenio o adelantar los tiempos para reducir la incertidumbre, televisa y tv azteca forzaron la decisión del Ifetel. Porque, sin asomo de duda, su mano mece la cuna de los comisionados en funciones. Y, desde luego, tampoco es descartable la hipótesis de la provocación.
En tales circunstancias, el dilema para AMLO dista mucho de ser simple: o apostar por la coexistencia conflictiva con los órganos autónomos, confiando en su capacidad de elusión sistemática de los golpes de los poderes fácticos; u optar por el golpe de mano legislativo, que implica el acotamiento inmediato o incluso la anulación de su margen de autonomía.
En suma, el curso actual de los acontecimientos apunta a una confrontación álgida y de pronóstico reservado. AMLO tiene meridiana claridad en relación a dos cuestiones cruciales: una, la sujeción sistémica de los órganos autónomos a los poderes fácticos; y dos, que resulta suicida la apuesta de dejar las cosas como están.
No es gratuita la reacción de los defensores y los poderes fácticos, ni tampoco el señalamiento de que, luego del Ifetel, en la lista de la Cuarta Transformación yace senda lista de organismos estatales jurídicamente autónomos aunque políticamente capturados: el INE, el INAI, la Cofece, la Comisión Reguladora de Energía, etc.
Juicios de valor aparte, es pertinente entender que hace poca justicia a los hechos describir el desencuentro en curso como una pugna entre el modelo de gestión autonómico y el centralizado; simple y sencillamente porque los así denominados organismos autónomos no acreditan ni la más elemental de las prueba de ser tales. La crisis de confianza en la que unos más que otros se encuentran insertos constituye la prueba irrecusable de su divorcio abierto con el interés público y del reconocimiento generalizado acerca de su integración por cuotas y para los cuates de los partidos políticos.
En tales circunstancias, el desafío de AMLO luce en toda su complejidad. Sabe que los organismos jurídicamente autónomos, supeditados como están a la voluntad de los poderes fácticos, representan una seria amenaza a su proyecto; y, por lo mismo, entiende como ingenua la apuesta de no hacer nada al respecto.
Igualmente cierto resulta que avanzar en la confronta de extinción o acotamiento de los órganos autónomos representa severos riesgos políticos y de turbulencias entre los inversionistas. Hasta hoy, ciertamente, se han ido absorbiendo los efectos de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, pero incurrir en medidas disonantes con los usos neoliberales puede generar efectos por acumulación.
Hasta donde es posible advertir, si ninguna de las partes modifica su postura, lo que viene es una típica guerra de posiciones, en la que ambas serán perdedoras netas, aunque alguna de las dos perderá más que la otra.
A este respecto, haciendo eco al constructo rawlsiano de “el velo de la ignorancia”, me pregunto si será posible un intercambio basado en el mutuo reconocimiento de que los órganos del Estado, tal como hoy existen y operan, no son autónomos (tesis amloísta); pero que aún así, asumiendo su mayor aptitud para resolver en clave técnica problemas públicos de elevada complejidad, vale la pena incursionar en su perfeccionamiento.
En términos prácticos, dicho intercambio podría concretarse en el consenso de impulso a un paquete de reformas constitucionales de orientación autonómica acompañado, principal aunque no exclusivamente, de la renuncia de los integrantes de los órganos de dirección de dichos organismos y de estrategias de selección basadas en el mérito de los aspirantes y con mecanismos de transparencia que ofrezcan garantías de objetividad e imparcialidad.
El quid a este respecto se sitúa en la duda de cuál de las partes se siente más amenazada en un contexto de órganos plenamente autónomos.
*Analista político
*Presidente del Centro de Investigación Internacional del Trabajo
