Ciudad de México. Auténtico zafarrancho se registró entre Morena y legisladores de oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), la tarde del martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro durante la discusión de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), con la cual se crea la nueva estructura del próximo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador.
Con las reformas aprobadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se crea la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que suma a la Policía Federal y al CISEN; centraliza en la presidencia de la República la comunicación social; le otorga facultades al presidente facultades para crear comisiones investigadoras; y crea la figura de los 32 súper delegados estatales nombrados por el presidente.
Los legisladores poblanos no desaprovecharon la oportunidad de ser protagonistas y antagonistas en el Pleno de la Cámara Baja. Hubo quienes defendieron el proyecto de AMLO como los legisladores de Morena, Julieta Vences Valencia y Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses que hasta las mañanitas le cantaron a todo pulmón a los diputados federales del PAN que mostraron pancartas desde la Máxima Tribuna del País exigiendo “No a la dictadura Obradorista”.
Desde tribuna
La diputada federal del PRI, Lucero Saldaña Pérez, denunció que las modificaciones representan un retroceso en los avances democráticos del país, restaura la concentración del poder en la figura presidencial y no ofrece un diseño institucional que permita desarrollar una nueva estrategia de seguridad a la altura de las necesidades de las y los mexicanos.
La representante por el estado de Puebla, aseveró que la reforma es un atentado contra los fundamentos mismos del federalismo y de la gobernabilidad. Señaló que las modificaciones apuntan a la concentración del poder en el gobierno federal, invadiendo atribuciones de estados y municipios.
Con esta reforma, indicó, se pretende instaurar un sistema de inteligencia policial persecutor por parte del gobierno y construir un estado policiaco. “Vemos con preocupación que la seguridad nacional queda subordinada a la seguridad pública, lo que pone en riesgo el orden social, la estabilidad, el desarrollo, la esencia, la gobernabilidad que permite el ejercicio pleno de las libertades”.
Saldaña Pérez aseguró que la figura de los súper delegados, solo responde a una estrategia de operación electoral.
Por su parte de Movimiento Ciudadano (MC), la diputada federal de origen poblano, Martha Tagle Martínez, advirtió que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, “sin duda tiene una característica fundamental: es centralista y concentradora del poder” en la figura presidencial.
Detalló que es centralista porque cambia muchas funciones a unas cuantas manos y concentra el poder absoluto a unos cuantos, van a darle la confianza a 32 súper delegados que al mismo tiempo de coordinar e implementar programas para el desarrollo y la atención ciudadana supervisarán servicios en los estados y municipios, además de bajar programas sin reglas de operación con el riesgo de caer en prácticas electoreras.
“¿Qué no es eso que desde la oposición le criticábamos al PRI?”, cuestionó.
Agregó que los 32 súper delegados, “a los que de facto los harán vicegobernadores”, contarán con su propio gabinete adscrito a las oficinas de representación, pues ellos son los que van a proponer a los representantes de las secretarías de Salud, de Educación y todas y cada una de ellas en los estados.
En defensa del dictamen, el poblano José Guillermo Aréchiga Santamaría del Grupo Parlamentario de Morena, destacó que el proyecto de decreto es un nuevo diseño institucional, “eficiente que combate la corrupción, atiende las urgencias del desarrollo y los problemas de inseguridad en el país”.
“Hoy dejamos claro sin duda que los diputados de Morena no vamos a traicionar al pueblo. Vamos con determinación en contra de la impunidad y la corrupción. Este dictamen es la herramienta apropiada para ello”.
También de Morena, Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, apuntó que cada seis años por el cambio de gobierno federal, “se dan reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el fin de cumplir los compromisos realizados con los electores que el candidato triunfador a la Presidencia de la República adquirió”.
Puntualizó que con la enmienda, la Secretaría de Bienestar, suple a la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, es suplida por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; y la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pasa a ser una nueva secretaría.
“Todo esto porque la administración pública es un conjunto de políticas institucionales que ejercen la totalidad de los organismos del Estado, cuidando por el bien general para tutelar los recursos públicos”, señaló.
Del Partido Encuentro Social (PES), Fernando Manzanilla Prieto, manifestó de manera breve que su instituto político apoyará la nueva organización que plantea el presidente de la República, porque es su derecho plantear cómo va a organizar su gobierno.
“Todos debemos de estar en disposición de escuchar todas las propuestas que mejoren lo que hoy se está planteando. El consenso siempre será superior al disenso”.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
El dictamen aprobado por los diputados federales, destaca la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que se encargará de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendentes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes, así como proponer la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de esta estrategia entre las dependencias de la Administración Pública Federal.
La nueva dependencia coadyuvará a la prevención del delito; ejercerá el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales. Asimismo, le corresponderá salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como la preservación de las libertades, el orden y la paz públicos.
Otros objetivos son proponer acciones encaminadas a asegurar la coordinación entre la federación, la Ciudad de México, los estados y los municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública y plantear al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en materia de carrera policial. Además, organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía Federal, garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario.
La citada secretaría presidirá el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el de Seguridad Nacional en ausencia del presidente de la República; propondrá a éste el nombramiento del Comisionado General de la Policía Federal y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los cambios también modifican el nombre y funciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por el de Secretaría de Bienestar, así como el de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) por el de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
El dictamen precisa que corresponderá a la Secretaría de Bienestar instrumentar políticas de atención preponderante a los derechos de la niñez, juventud, adultos mayores, pueblos indígenas y personas con discapacidad. Además, impulsar programas para promover la corresponsabilidad de manera equitativa entre las familias, el Estado y las instituciones de asistencia social y privada, para el cuidado de la niñez y de los grupos vulnerables.
Respecto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, le atañerá asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo básico de la población de escasos recursos, con la intervención de las secretarías Economía y de Bienestar, bajo principios que eviten su uso o aprovechamiento indebido o ajeno a los objetivos institucionales. Asimismo, contribuir a la seguridad alimentaria, garantizado el abasto de productos básicos.
Destaca que a la Secretaría de Gobernación corresponderá formular y conducir la política interior que competa al Ejecutivo federal y no se atribuya expresamente a otra dependencia; fomentar el desarrollo político y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, entre otras.
El documento subraya que el titular del Poder Ejecutivo federal contará en las entidades con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, que tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las Secretarías, las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población.
Aclara que para la coordinación de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo y la implementación de sus funciones, el titular del Poder Ejecutivo federal tendrá la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, que quedará adscrita jerárquicamente a la Presidencia de la República.
Entre las funciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estará promover la democracia sindical y el acceso a la contratación colectiva, así como impulsar el cumplimiento de los convenios internacionales en materia de derechos laborales.
En el dictamen también se establece que corresponderá a la Oficina de la Presidencia definir las políticas de informática, tecnología de la información y la comunicación, y del gobierno digital.
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