Ciudad de México. Por considerar que viola los derechos humanos y genera graves daños al medio ambiente, desde San Lázaro el diputado federal de Morena, David Bautista Rivera, solicitó al Gobierno Federal suspenda todas las concesiones y proyectos de explotación de recursos naturales en el municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, hasta que no se lleven a cabo las consultas amplias e informadas en las Comunidades, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El congresista del Movimiento de Regeneración Nacional denunció que las concesiones a las empresas como grupo Ferrominero. SA de CV, Compañía Minera Autlán, Minas Santa Martha, SA de CV, José Humberto Canal Castellanos y Socio, Real de Gemas SA de C, Víctor Manuel Animas Arellano, “al llevar a cabo sus actividades, violan los derechos a la propiedad, la salud, el derecho a la seguridad e integridad personal, el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente saludable, derecho de los pueblos a la paz, derecho de los pueblos a gozar y disponer plenamente de sus recursos naturales y derecho de los pueblos a la autodeterminación”.
Aseveró que el actual sistema económico, aunado a la reforma energética implementada en 2014 en nuestro país permite la implementación “Proyectos de muerte”, tales como minería a cielo abierto, hidroeléctricas, gasoductos, parques eólicos, parques geotérmicos, y los pozos de explotación de fracking.
“Puebla es uno de los principales destinos para empresas transnacionales, mismas que llegan, expropian, explotan y deterioran las condiciones de vida y el ecosistema poblano”, lamentó el diputado federal.
A través de un punto de acuerdo el legislador poblano puntualizó que los grupos directamente afectados son los habitantes de la Sierra Norte de Puebla, de manera concreta quienes se encuentran en municipios como Hueyapan, Tlatauquitepec, Teziutlán, Zaragoza, Cuetzalan del Progreso, mismos que se reconocen como municipios con población mayoritariamente indígenas.
Recordó que, en 2012, la minera Autlán SA de CV requirió ante la Secretaría de Medio Ambiente y de Economía el uso de suelo en la Sierra Norte, para realizar exploraciones en terrenos ubicados en la zona limítrofe de Cuetzalan y Zautla.
Refirió que, aunque en un principio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó el permiso para la instalación del proyecto “El Aretón”, a fines de 2013 este proyecto de exploración fue aprobado.
Bautista Rivera, advirtió que la actividad minera amenaza a la Reserva de Bosque Mesófilo de Montaña la más grande de la Sierra Nororiental Poblana.
Resaltó que Puebla es conocida en el país por su amplia diversidad cultural, así como por ser un estado con un extenso ecosistema vegetal y natural, que es deseado y anhelado por grandes empresarios nacionales y extranjeros por su alta riqueza natural.
De acuerdo en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a que estos sean consultados acerca de ese tipo de inversiones en sus localidades.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señala una serie de situaciones genéricas consideradas de impacto significativo para los grupos indígenas, razón suficiente para la procedencia de la aplicación de la consulta en situaciones como: la pérdida de territorios y tierra tradicional; el desalojo de sus tierras; el posible reasentamiento; el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural; la destrucción y contaminación del ambiente tradicional; la desorganización social y comunitaria; y los impactos negativos sanitarios y nutricionales.
Además, el artículo segundo de la Carta Magna establece el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía, para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.
Esto implica, determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
De igual forma en el punto de acuerdo se exhorta al gobierno federal, para que asuma las conclusiones del estudio técnico que realizó el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, que permitió identificar 53 zonas de atención territorial, con los riesgos que representa para la comunidad el hacer un uso indebido de las mismas.
El exhorto también pide al Presidente municipal entrante de Tlatlauquitepec, Puebla, para que asuma la defensa de los ciudadanos que han sido afectados en sus derechos humanos por las concesiones a las empresas como grupo Ferrominero, SA de CV, Compañía Minera Autlán, Minas Santa Martha, SA de CV, José Humberto Canal Castellanos y Socio, Real de Gemas, SA de C, Víctor Manuel Ánimas Arellano, entre otras.
