Tehuacán. Ante las declaraciones de funcionarios de la administración municipal en turno en contra del ayuntamiento que encabezó, Ernestina Fernández Méndez, cinco exregidores, el exsecretario general y el exsindico municipal, convocaron a una rueda de prensa para desmentir las acusaciones vertidas.

El exsíndico municipal, Miguel Ángel Romero Calderón, catalogó como mediáticos los señalamientos que buscan denostar y crear una cortina de humo para distraer la atención de la ciudadanía y cubrir los errores que, de octubre a la fecha, ha cometido la actual comuna.

Agregó que, seguirán recabando las pruebas necesarias e incluso acudirán ante las instancias competentes para que exigir el resarcimiento del “daño moral” ocasionado.

Romero Calderón sostuvo que en la anterior administración jamás se contrató a un abogado externo, que no recibieron finiquitos excesivos y que no dejaron la cantidad de sindicalizados que se alega.

En tal sentido, refirió que el número de sindicalizados que dejó la administración 2014-2018 fue de 267 y no de 400 como se ha manifestado, lo cual se puede comprobar mediante el concentrado de nómina y a través de Transparencia y de los juicios promovidos por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán.

Dicha cifra fue autorizada por la presente administración, sostuvo, al indicar que no se permitió en su periodo porque representaba un golpe al erario público que se traduciría en millones de pesos y que se prefirió destinar a obra pública.

En cuanto al arreglo al que se llegó con el sindicato por 8 o 9 millones de pesos debido a que diversos juicios se encontraban perdidos o en riesgo de perder por culpa de la anterior administración, afirmó que es falso y enumeró los juicios y su estado procesal que puede ser comprobable por cualquier ciudadano al hallarse en plataformas con acceso público.

Instó a aceptar la responsabilidad que a cada parte compete y no decir que se dejó tantos sindicalizados y que se pagaban bonos de 80 mil pesos o que era excesivo el sueldo que percibían, cuando no se movió durante los 4 años 8 meses que estuvieron e incluso fue más bajo que el del anterior trienio.

Añadió que nada de lo que han dicho los servidores públicos en funciones está fundamentado y no hay nada que pruebe sus dichos. Aclaró que no se trata de generar una confrontación o una cuestión política, sino de dar datos reales y apegados a la legalidad.

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