Recursos sin ejercer, apoyos entregados fuera de tiempo y descuido del mobiliario que se distribuyó en planteles educativos son algunas de las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al revisar la aplicación del presupuesto que se destinó a Puebla en 2017 derivado del sismo del 19 de septiembre.
Dentro del reporte de la Cuenta Pública federal del ejercicio fiscal 2017, se auditó el ejercicio de 192 millones 70 mil 200 pesos que se asignaron a Puebla como parte de los Apoyos Parciales Inmediatos (API) del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Estos recursos fueron empleados para el arrendamiento de 472 aulas móviles y 241 baños portátiles para las escuelas que se vieron afectadas por el terremoto, los cuales se dividieron en cuatro contratos adjudicados por el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).
De este monto, 179 millones 360 mil pesos fueron para la renta de los salones móviles y 12 millones 710.2 para los baños.
Sin embargo, al revisar la ejecución de estos apoyos, la ASF encontró diversas anomalías, por las cuales ordenó a la Secretaría de la Contraloría estatal iniciar tres promociones de responsabilidades administrativas sancionadoras en contra de los responsables.
De acuerdo con el análisis del Portal de Transparencia, con los Ojos Abiertos, por un lado, se encontró que los contratos de arrendamiento de este mobiliario tuvieron un período de vigencia del 12 de octubre de 2017 al 12 de octubre de 2018, es decir 365 días naturales.
Esto a pesar de que en los lineamientos de la aplicación de recursos de los API se establece que éstos sólo pueden ser ejercidos en acciones que tengan un período de ejecución no mayor a 30 días.
Y si bien el Capcee justificó que las contrataciones se hicieron dentro del período legal establecido, el hecho de que se hayan excedido en el período de ejecución valió la solicitud de investigación del funcionario responsable.
Además, en el reporte de la auditoría se señala que, de los 369 millones 517 mil pesos que se ministraron al estado de Puebla como parte de los API, no se ejercieron 525 mil pesos.
A esto se suma que al revisar las actas de entrega-recepción de los apoyos en las escuelas, se encontró que éstas no concuerdan con las fechas reales de entrega de los bienes, sin que haya una justificación jurídica de esta anomalía.
También se ordenó iniciar una investigación y, en su caso, un proceso sancionatorio, en contra de los funcionarios responsable de la verificación de las condiciones de los equipos que fueron entregados en las escuelas.
Baños sin usar
Esto pues se encontró que en la escuela Ignacio Zaragoza, en el municipio de Chiautzingo, se entregaron 16 baños móviles, de los cuales sólo dos fueron usados en el turno vespertino y 14 quedaron resguardados en una bodega, pues a decir de la directora del plantel, no se quería correr el riesgo de que fueran robados.
Al estar guardados estos módulos “no se les realizó el servicio de retiro de desechos, ni desinfección de los módulos, sin que a la fecha de la revisión (noviembre de 2018), el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos haya aplicado a los proveedores las deducciones correspondientes, por el mantenimiento que no se realizó a los baños móviles”.
Algo similar se encontró en la escuela Albert Einstein, de Tlapanalá, donde se entregaron dos baños móviles que sólo fueron usados dos días “debido a que se taparon y no se realizó el retiro de desechos, ni la desinfección de los módulos, provocando un foco de infección”.
