Miembros del fideicomiso de Servicios Articulados de Puebla (SAPI) protestaron frente a Casa Aguayo, para exigir al gobierno estatal el pago de cerca de 400 millones de pesos por impedirles operar en 2015 la línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
La inconformidad de los accionistas se da luego de la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que definió como legítima su participación en dicho sistema de transporte cuyo trayecto es Tlaxcalancingo-Chachapa.
Al grito de ¡Justicia, Justicia! los inconformes relataron que son tres años de pelear en los tribunales, para que la autoridad reconozca que actúo de manera irregular y les devuelva la administración de la línea 1 de RUTA.
Carlos Sánchez, uno de los concesionarios, informó que con esta acción resultaron afectados 196 concesionarios, quienes son propietarios de 500 unidades; de las cuales, 40 por ciento se encuentra en buenas condiciones, y el restante 60 por ciento permanece en corralones por falta de mantenimiento.
Mencionó que el compromiso hecho por la administración estatal, era pagarles 6 mil pesos mensuales en el primer año, y posteriormente 10 mil pesos, por cada concesión, lo cual no se dio, ya que Carreteras de Cuotas asumió el control del Metrobús.
“Acudimos a este gobierno para resolver el conflicto que lleva ya más de cuatro años, y no se ha podido destrabar, a pesar de que las autoridades federales nos han concedido la razón de que tienen que recuperar sus fuentes de empleo”, recalcó.
De paso, Sánchez comentó que el SAPI desconoce a Miguel Ángel Aceves como su representante; en cambio, mencionó a Juan Cervantes, como único líder reconocido por los inversionistas.
