Organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género por Desaparición de mujeres y niñas en el estado de Puebla, exigen a las autoridades, partidos y actores políticas, así como a la sociedad en general, a no utilizar la activación de la Alerta de Género en la entidad para fines electorales.
La Declaración de la Alerta de Violencia de Género emitida por la Secretaría de Gobernación (Segob), mediante el Oficio No. CNPEVM/198/2019, de fecha 8 de abril de 2019, establece cumplir las medidas de prevención, seguridad y justicia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, así como adoptar acciones institucionales de emergencia, para proteger y garantizar la seguridad y la vida de las mujeres y niñas conforme a los más altos estándares de derechos humanos.
Al respecto, el gobierno del Estado de Puebla hizo pública la aceptación de la notificación de dicha Declaratoria, con fecha 10 de abril del año en curso para actuar frente a expresiones como feminicidio, desaparición, trata y violencia sexual.
De acuerdo al resolutivo Séptimo, el gobierno del Estado de Puebla, en un periodo de seis meses, deberá informar sobre las acciones realizadas para dar cumplimiento a las medidas de seguridad, prevención y justicia.
Por ello, resulta imperioso que este proceso no se instrumentalice para fines electorales y que exista una adecuada coordinación interinstitucional, asignación de recursos presupuestales, materiales y humanos, y monitoreo y evaluación de las medidas adoptadas a través de indicadores y metas claras, para realizar una transición adecuada de la implementación y cumplimiento de esta Declaratoria.
Frente al compromiso de cumplir con la Declaratoria en Puebla, las organizaciones Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C, Centro de Análisis Formación e Iniciativa Social A.C.
El Taller, Centro de Sensibilización y Educación Humana A.C. Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, Universidad Iberoamericana Puebla, Justicia Pro Persona A.C.
LADO B, Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos A.C. y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, exigen:
PRIMERO.- Dar cumplimiento a cada uno de los resolutivos emitidos conforme a los más altos estándares de derechos humanos que protegen y garantizan la vida e integridad de las mujeres.
SEGUNDO.- Que, en el marco de la transparencia y el derecho de acceso a la información, se hagan públicas cada una de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la Declaración de la Alerta de Violencia de Género emitida por la SEGOB.
TERCERO.- Que el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario actúe con la debida transparencia en cada una de las acciones para dar puntual seguimiento, monitoreo y evaluación al proceso y la declaratoria.
CUARTO.- Que se acaten en su totalidad las recomendaciones y medidas específicas decretadas anteriormente por el Grupo de Trabajo, conformado para atender la solicitud de Alerta de Género contra las mujeres en la entidad, toda vez que su cumplimiento abona a las medidas de prevención seguridad y justicia reiteradas en los resolutivos en curso; pero sobre todo a prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia de género contra las mujeres.
Las organizaciones firmantes han denunciado las violencias de género y feminicida que han cobrado cientos de víctimas en la entidad, sin que se hayan establecido de forma oficiosa mecanismos adecuados y suficientes para prevenir, atender, sancionar y reparar integralmente el daño, en la mayoría de los casos.
Datos de diversas fuentes y registros, advierten que, de 2015 a la fecha, los feminicidios superan las 300 víctimas, por los que es impostergable conocer la verdad histórica de cada una de las muertes violentas y los feminicidios, sobre todo, porque ha persistido un patrón de impunidad al emitirse únicamente 20 sentencias condenatorias en ese periodo.
Con la Declaratoria de la Alerta de género se desmantela la discrecionalidad que operaba frente a la acumulación de recomendaciones y medidas parcialmente cumplidas en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres y de la comisión de delitos conexos con los feminicidios, como las desapariciones y la violencia sexual que, diversas organizaciones y organismos peticionarios habían referido en su momento.
De igual forma, manifestaron su extrañamiento sobre la resolución de Declaratoria realizada el 8 de abril, la cual acumula las seis solicitudes realizadas de 2016 a 2019, sin considerar la especificidad y el tratamiento que debe darse a las diversas violencias de las que son víctimas las mujeres en el estado de Puebla como son violencia sexual, desaparición y feminicidio.
Esta omisión evidencia que más que atender las problemáticas de manera particular, las autoridades de Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim) ponderan la operatividad antes que actuar, a fin de erradicar de manera estructural las prácticas que acaban con la vida de las mujeres. Frente a este hecho, como organizaciones peticionarias estamos analizando proceder para que los derechos de las mujeres sean respetados y garantizados.
Por lo anterior, es importante que se convoque de manera urgente a la mesa de instalación para dar seguimiento a la AVG, en donde participen todas las peticionarias con voz y voto, para trabajar en el Plan integral que el gobierno de Puebla lleve a cabo para cumplir con las medidas de seguridad, justicia y prevención.
