La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) Genoveva Huerta, afirmó que, a partir del 1 de agosto, serán vigilantes de la nueva administración que encabezará Luis Miguel Barbosa Huerta. 

En su tradicional rueda de prensa, la líder albiazul indicó que el PAN estará señalando los errores que haya en el gobierno.

Destacó que los primeros nombramientos en el gabinete estatal “no están a la altura de lo que necesita Puebla”; sin embargo, puntualizó que por “el bien de los poblanos”, hagan un buen papel.

Insistió en que varios integrantes no se han desempeñado en las áreas que les fueron asignadas y por lo tanto no están a la altura; aunque se reservó a dar algún nombre de los que considera no aptos para el puesto.

Respecto al anuncio que hizo Barbosa Huerta de investigar a exfuncionarios, toda vez que reconciliación no significa exoneración, Guenoveva Huerta expresó que como partido no permitirán que se hagan juicios a priori.

La líder panista comentó que está a favor de una investigación siempre que se haga con base en la ley.

Irán por traidores

El Comité Directivo Estatal del PAN iniciará procedimientos sancionadores contra Denisse Ortiz, cuñada de Eduardo Rivera, y demás panistas que traicionaron a Enrique Cárdenas durante la campaña.

Así lo reveló el secretario general de Acción Nacional en Puebla, Francisco Fraile García, quien dijo que ya tienen una lista de los militantes que le dieron la espalda al académico para sumarse al candidato del Partido Morena, Luis Miguel Barbosa.

Evitó mencionar cuántos procedimientos sancionadores se iniciarán, pues solo se limitó a decir que hubo traiciones en todos los distritos electorales de Puebla.

Dijo que, aunque los actores tienen derecho a sumarse al proyecto que les convenga, al pertenecer a un partido político deben asumir sus consecuencias.

Los castigos que podrían imponerse irían desde una amonestación privada, pública, suspensión temporal de los derechos partidistas o la expulsión del partido.

El secretario general afirmó que las sanciones serán un acto de autoridad y responsabilidad, mas no un “capricho” del Comité Directivo Estatal (CDE).

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