El ayuntamiento de Puebla dará de baja de la lista de proveedores a la empresa Gráficos Puebla SA de CV por entregar uniformes reciclados y dañar la imagen el municipio, informó el Secretario de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez.
En rueda de prensa, el titular de Secad, Leobardo Rodríguez Juárez, relató que dicha firma ganó la licitación de 32 mil prendas para trabajadores de base y sindicalizados, de las cuales mil 550 fueron recicladas.
Detalló que principalmente esa cantidad de playeras contenían el logo de la pasada administración y sobre éste pegaron el de la nueva, lo cual representa un intento de fraude.
Explicó que ante las quejas de los trabajadores sobre el desperfecto, determinaron tomar una muestra aleatoria dando como resultado las anomalías que presentó ante los medios de comunicación.
“No podíamos revisar prenda por prenda porque el cosido que hicieron fue muy puntual, y el revisar si abajo estaba mal representaba destruir la prenda y no podíamos destruir todas la prendas, pero ante las denuncias decidimos tomar una muestra aleatoria y la muestra de dos prendas que destruimos para levantar el logo presentan una falla, presenta un vicio oculto, es un intento de fraude”.
Subrayó que la firma seleccionada no formaba parte de los contratistas de la pasada administración, lo que intuye es que los remanentes fueron vendidos a Gráficos y éste los usó para engañar a la administración.
Rodríguez Juárez manifestó que no se le ha pagado a la empresa ni un solo centavo, pues esto se haría una vez que se entregara la totalidad de las prendas, tal y como estipula el contrato.
“No vamos a hacer ningún pago, pedimos a tesorería no hacer ni un pago a la empresa hasta que no se deslinden las responsabilidades. Además de lo que esté en el contrato procederemos por el daño a la imagen del ayuntamiento, una negligencia de esta naturaleza… es producto de una licitación pública nacional y los argumentos no son suficientes porque intentó engañar al ayuntamiento”.
Derivado de ello, sostuvo que judicializará el tema hasta donde se permite: “puede ser la pena convencional del 10 por ciento, si se alcanza se puede plantear la rescisión del contrato, la aplicación de la fianza de los 13 millones o el cambio de la prenda, vamos a solicitar el auxilio de contraloría”.
Agregó que los argumentos del proveedor son insuficientes y no habrá marcha atrás en la decisión del municipio.
