Las expresiones de violencia contra las mujeres son cada vez más crueles y denigrantes, pues en los casos recientes, los principales mecanismos identificados han sido el uso de arma de fuego, degollamientos, golpes, puñaladas y asfixia, así como la práctica de la tortura y la violencia sexual.
Así lo advirtió Galilea Cariño Cepeda, investigadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Ibero, quien indicó que, a la par, muchos cuerpos han sido abandonados y expuestos en la vía pública, amarrados y embolsados.
“Estos patrones reafirman las motivaciones de odio, aversión y superioridad, cobijados por un sistema patriarcal que vulnera la dignidad, integridad, libertad y la propia vida de las mujeres”, sentenció la especialista.
Añadió que, pese a la declaratoria de Alerta de Género en abril de este año, en Puebla se tiene registro de enero a la fecha alrededor de 71 feminicidios, lo que refleja que la violencia contra la mujer se ha agravado.
En el marco de la conmemoración del Día Contra la Violencia de Genero, la especialista remarcó que desafortunadamente la violencia, los delitos y especialmente los feminicidios no han logrado prevenirse o erradicarse, sino que, además, se han agravado.
Indicó que el registro de 71 feminicidios registrados en el observatorio, supone que, de continuar con esta tendencia no habría, al cierre del 2019, una variación significativa en la disminución de este delito respecto de los años precedentes.
“Este escenario no solo muestra las condiciones de riesgo para las mujeres similares a los años anteriores, sino que, además, confirma que las medidas adoptadas en el marco de la alerta de violencia de género, no han sido adecuadas ni eficaces”, lamentó la especialista.
Ante tal panorama, Galilea Cariño subrayó que, en el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría manifiesta su preocupación por el contexto de violencia hacia las mujeres, y exigió la atención urgente en los feminicidios y delitos contra las mujeres en el estado de Puebla que aún están impunes. Así como la reparación del daño a las víctimas.
“Hay que considerar que no es suficiente contar con un marco normativo que protege el derecho a la vida, sino que debe establecerse un sistema efectivo, capaz de investigar, enjuiciar a los responsables y reparar la privación de la vida por parte de particulares como lo expuesto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, refirió.
Ante tal panorama, Galilea Cariño hizo un llamado a las autoridades e instancias competentes a modificar y armonizar un tipo penal de feminicidio que proteja de forma adecuada la vida de las mujeres; además, se deben atender no solo los factores de riesgos que favorecen la tolerancia, repetición y agravamiento de estas conductas.
