Retraso de casi 7 años en la dictaminación de cuentas públicas, protección a ex funcionarios públicos, pérdida de dictámenes, así como información catalogada como paja y basura, es lo que la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado concluyó de una evalaución realizada por los legisladores.
Durante la sesión de esta comisión, la presidenta de la misma Olga Lucía Romero Garci Crespo señaló que secuentan con definciencias en el actuar de la Auditoría, por lo que otorgó un voto de confianza al nuevo titular Francisco Romero Serrano para revertir estas deficiencias.
De acuerdo al informe entregado, se informó que de 2012 a 2018 se cuentan con 212 Inicios de Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades (IPADR) que no se han dictaminado, a pesar de que han transcurrido más de 7 años.
Este miércoles Auditor acude al Congreso para sesión inspectora
De este total 180 corresponden a Ayuntamientos y 32 a dependencias así como organismos estatales y municipales.
Además en materia de resoluciones emitidas en el Pleno del Legislativo por un IPADR un total 216 de 334 fueron absoluciones en contra de funcionarios públicos por lo que no fueron responsables.
Además de que un total de 60 recursos dee revocación fueron perdidos por los auditores por lo tanto al no contar con los documentos se les absolvió de sus presuntas responsabilidades, por lo que se ha perdido el recurso público que se habían llevado los implicados.
Es por esto que la Comisión Inspectora realizó varias recomendaciones al nuevo Auditor en áreas como la integración de los expedientes, el cumplimiento de los plazos legales que no se agoten al último, el resarcimiento de la hacienda pública para que se obligue a los responsables a pagar los montos obligados, entre otros más.
