Ciudad de México. Ante el incremento y encrudecido en el número de casos de violencia contra las mujeres y, en el contexto de las expresiones denigrantes provenientes de servidores públicos que las violentan, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Tagle Martínez, impulsa iniciativa para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La legisladora oriunda de Puebla, explicó que con la enmienda que promueve, “será responsable de abuso de funciones el servidor público que en ejercicio de sus funciones ejerza violencia contra las mujeres”.
Tagle Martínez, consideró que la gravedad de las distintas manifestaciones de la violencia de género contra las mujeres, de acuerdo a su magnitud, alcance y consecuencias individuales y sociales, “exige acciones urgentes para atender y proteger a las víctimas».
Asimismo, exigió que se debe garantizar que el estado cuente con los instrumentos para sancionar a los agresores, en este caso quienes funjan como servidores públicos”.
“Es necesario diseñar e implementar estrategias preventivas en las instancias políticas, legislativas, judiciales y educacionales, cuyos efectos positivos se podrán visualizar a mediano y largo plazo”.
Resaltó que considerar a la violencia de género como abuso de funciones permitirá que, a juicio de un tribunal de justicia administrativa, se pueda sancionar a un servidor público. Puntualizó que se podrá aplicar una o más de las siguientes sanciones: “ser suspendido del empleo, destituido, imponer una sanción económica o la inhabilitación temporal”.
Exhibe a servidores públicos poblanos
Al presentar su iniciativa, Tagle Martínez, recordó las declaraciones del diputado local de Puebla, Héctor Alonso Granados, quien dijo: “Hay que pensar antes de abrir las piernas y dejarse embarazar”; y del alcalde de Teziutlán, Carlos Peredo Grau, quien señaló: “A veces le digo a las muchachas, ¿para qué quieren al marrano si solo quieren un pedazo de chorizo o de longaniza?, porque hay mujeres tan cobardes y tan sucias que están solas”.
La parlamentaria del movimiento naranja en la Cámara Baja, lamentó que pese a la gravedad del fenómeno y al compromiso de los gobiernos, no se ha logrado garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
