Por: Bruno Taveira
La aplicación de la Ley de Extinción de Dominio en México es una realidad, ¿pero qué significa? La Extinción de Dominio es una medida jurídica a través de la cual el Estado puede adjudicarse bienes que estén en posesión e incluso formen parte del patrimonio de un particular, de ahí el nombre de “extinción”, pues el Estado extingue el derecho de propiedad para poder adjudicarlo a favor de él, por lo que es importante conocer dicha medida para saber si tus propiedades pueden correr riesgo.
México no es el único país que ha comenzado a aplicar este tipo de medidas. Colombia, por ejemplo, ha aprovechado —desde hace ya casi diez años— las grandes riquezas que el crimen organizado había acumulado y a través de esta medida ha recaudado miles de millones de dólares. Estas cifras cobran importancia para un gasto público alto como sucede en un país con tintes populistas, como ocurre hoy en día en el nuestro. Sin embargo, es importante saber que esta ley no solo impactó a los grupos criminales, sino a terceros con descuido. Para entender lo anterior es importante conocer que la Ley de Extinción de Dominio afecta de dos formas: de origen y de destino. La primera hace referencia a la posibilidad de extinguir el derecho de propiedad debido a que ésta se adquirió con recursos que se presumen de procedencia ilícita; mientras que en el caso de la segunda, que supone un riesgo inminente para la mayoría de la sociedad, la extinción se daría por el destino que se le dé al bien, es decir, aquellas personas que se dediquen al arrendamiento de inmuebles correrían el riesgo de perder su propiedad si se descubre que sus inquilinos almacenan sustancias ilícitas, por ejemplo.
¿Cómo puede un arrendador anticiparse a la aplicación de esta norma por el uso indebido que el arrendatario le dé al bien inmueble? En principio es importante contar con un contrato bien desarrollado en donde se plantee claramente el objeto que se le dará a la propiedad, así como cuáles son las medidas que se aplicarán para la observación del correcto uso de dicho inmueble; finalmente es recomendable realizar una investigación exhaustiva del futuro inquilino y de ser posible, almacenar la mayor cantidad de documentos de dicha investigación, con la finalidad de comprobar la buena fe del arrendador y que éste adoptó las medidas necesarias que están al alcance para evitar el mal uso de dicho inmueble.
Ahora, ¿de qué forma el Estado procederá ante dicha medida y por qué la importancia de analizar esto? Mucho se ha escuchado sobre si la autoridad podrá quitarte tu inmueble y destinarlo para otros fines sin una orden judicial y lo grave es que es muy cierto, pues a pesar de que el gobierno debe iniciar un juicio civil para poder aplicar esta medida, no se determinará si ésta es posible o no hasta que exista una sentencia firme. La realidad es que la ley prevé la posibilidad de que el estado, con el simple hecho de garantizar el valor del inmueble al momento del juicio, extinga el derecho al particular y disponer de él, lo que resulta completamente inconstitucional para el ciudadano, pero al tratarse de una norma de naturaleza heteroaplicativa, es decir que no puedes como particular acudir a un juicio de inconstitucionalidad si no hasta que la norma te genere un perjuicio directo, la única posibilidad de hacer valer la constitución es hasta que un sujeto se encuentre afectado por dicha medida.
A modo de conclusión, México es un país que tiene muchos recursos económicos en concentración del crimen organizado y también con un alto porcentaje de población en extrema pobreza, por lo no me parece —y lo digo con todas sus letras— una mala idea la aplicación de esta medida para la recuperación de estos grandes capitales obtenidos de manera ilícita; sin embargo no estoy de acuerdo en la vulneración de derechos humanos de particulares bien portados que, sin duda, serán afectados con la fuerte oleada de esta medida con un fin social positivo pero con un desarrollo que pone en peligro derechos constitucionales.
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— Síntesis Puebla (@sintesisweb) February 10, 2020
