¿Es equivalente que una turba asesine a una persona con un policía que no detiene a un ladrón? ¿Es lo mismo un robo que un homicidio efectuado en masa?
La respuesta es no. Hay conductas sociales con tal grado de violencia que no se pueden dejar de observar. El tema de los linchamientos ha sido confinado a la nota roja, desde ese lugar parece innecesario entonces explicarlo, los medios de comunicación están limitados a describirlo.
Los linchamientos en Puebla son cometidos por personas con arraigo comunitario, empleo y patrimonio conocidos, estos ciudadanos por un momento participan de violencia colectiva siendo capaces de lesionar, torturar y asesinar, plantear cómo llegan a esto individuos socialmente adaptados amerita historizar el fenómeno.
La Encuesta de Percepción sobre Seguridad Ciudadana y Convivencia Vecinal (Encove) 2019 situó a Puebla como primer lugar nacional en intenciones de linchamiento, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Universidad Iberoamericana documentó en el periodo 2015-2019 174 intentos de linchamiento, 16 linchamientos consumados con 22 muertes.
Cinco Municipios concentran 55% de casos: Puebla, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Amozoc y Atlixco. El más reciente ocurrió el pasado 5 de mayo en San Baltazar Tetela, Junta Auxiliar de la capital poblana, donde fueron asesinados dos hombres por linchamiento; se implementó el protocolo indicado para los cuerpos de seguridad pública, que aun con la reforma en 2019, sigue siendo reactivo, aunque en esta ocasión no logró salvar la vida de las personas se ha impedido el linchamiento de 231 en el estado de Puebla.
Judicializar a un número importante de pobladores no da resultados socialmente aceptables, se implementó en Ajalpan por el homicidio de dos encuestadores en 2015 con casi un centenar de detenidos, sin saber con evidencia científica sobre la eficacia de esta medida dado que tuvo un incremento histórico en 2017 y 2018.
Lo anterior expone la tendencia social sobre la transgresión, al no obtener un freno por parte de la autoridad, encuentra un fortalecimiento por acción u omisión de ella, construye un sentimiento permanente de indignación que encuentra resonancia con otros, impulsando la organización espontánea construida por la percepción de inseguridad y de impunidad.
Esta es la oferta cultural que ha intentado justificar actos de brutalidad, una oferta que pretende sostener la ley del Talión que por mucho es una postura retrógrada y perniciosa para la vida comunitaria actual. Como Estado contamos con Instituciones derivadas de la Constitución y Tratados Internacionales, hacer uso de éstas articulándolas favorece al bien común, tejiendo a la comunidad con apego a la Ley.
La investigación social como factor detonante de estrategias policiacas, estudios endémicos que aporten rutas de actuación proactivas, involucrar a la sociedad en una construcción pacífica; analizar los hechos para prevenir y explicarlos para erradicar.
La relevancia en atender estos fenómenos destructivos radica en alejar a los niños, niñas y adolescentes de la contaminación criminógena en una comunidad donde se han cometido linchamientos, ahí se han omitido los mínimos de convivencia social saludable, se han ignorado valores inhibitorios de la violencia; se validan dinámicas sociales de agresividad colectiva por supuestos imaginarios en consecuencia, el riesgo se extiende a cualquier persona, visitantes, comerciantes itinerantes, turistas; por otro lado la coparticipación en tales actos compromete la gobernabilidad. Articular la educación de paz en las aulas, insertar materias de prevención de la violencia en la oferta educativa formal, implementar acciones profilácticas de atención posterior a los hechos nos dará la pauta para formar generaciones futuras respetuosas de la vida y los principios pro persona, esto invariablemente nos beneficiará a todos.
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