Al señalar que Puebla se encuentra dentro de las 5 entidades con mayores cortes de luz por parte de la CFE, durante emergencia sanitaria del Coronavirus, la diputada federal del PRD, Mónica Almeida López, pidió a la Comisión Federal de Electricidad que encabeza, Manuel Bartlett Díaz, condone los recibos o prorrogue el pago de este servicio hasta pasada la epidemia por el Covid-19.
Almeida López, acusó a la Comisión Federal de Electricidad, de violentar los derechos de miles de mexicanos al cortar el servicio a 543 mil 128 usuarios que no pudieron pagar su recibo entre abril y mayo debido a la crisis económica y la ola de desempleos que han derivado de la contingencia sanitaria.
“Es imperdonable que en tiempos de crisis la CFE le niegue a los mexicanos el derecho a la electricidad, con lo cual vulneran los derechos humanos de estos y los ponen en condiciones aún más precarias, tan sólo por no realizar el pago de un recibo en un bimestre que ha sido marcado por una ola de desempleos histórica, además de la ya enmarcada crisis económica que vive México”.
Puntualizó que 91 mil 381 servicios, entre hogares, comercios, prestadores de servicios, industrias entre otros, se quedaron sin el suministro de energía eléctrica en la Zona Metropolitana del Valle de México, que se suman a los Estados de Jalisco, Michoacán, Puebla y Guerrero como los estados que más han sufrido esta afectación.
La legisladora perredista, denunció que el Gobierno Federal atenta y viola flagrantemente los derechos humanos de los mexicanos más necesitados, al negarles un servicio básico.
“Parece ser que a este gobierno no le importa en verdad lo que pase con los mexicanos en condiciones más vulnerables, ya que no sólo ponen en el dilema a miles de hogares de comer o pagar la luz, sino que en efecto les quitan el servicio prohibiéndoles así el derecho humano a la electricidad el cual es reconocido por SCJN y en diversos tratados de los cuales México forma parte”, dijo.
Calificó como lamentable la postura de la CFE, quien observa el acceso a la energía como una simple mercancía y no como un derecho social integrado en el Mínimo Vital, al que deben acceder todos los habitantes, al igual que la alimentación, la seguridad, la educación y otros derechos, que les permitan a los mexicanos acceder a una vida digna.
