A través de un estudio donde hace una serie de recomendaciones al Gobierno Mexicano, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), aseguró que la Pandemia del Coronavirus, COVID-19, “ha incrementado los índices de violencia contra la niñez”.

En los últimos días, nos hemos enterado de noticias trágicas como el feminicidio de la pequeña Dulce Dayann de 11 años quien fue asesinada y calcinada junto a su madre en el municipio de Acajete Puebla; y del asesinato del niño, José Antonio, de 10 años que fue violado y torturado en Acayucan Veracruz; así como ellos existen cientos de casos que nunca salen a la luz pública y que permanecen en el anonimato y sin acceso a la justicia.

Con base al texto de la UNICEF, la pandemia por COVID-19  “tiene  impactos a corto, mediano y  largo plazo en la niñez; uno de  ellos es exponerlos a un posible aumento de violencia, abuso y explotación”.

“UNICEF México está consciente que las medidas para contener los contagios por el COVID-19 son  necesarias, pero están teniendo repercusiones importantes en los derechos, vida e integridad de un porcentaje importante de niñas, niños y adolescentes en el país, por lo que las acciones que se tomen en el corto plazo tienen relevancia vital. Esta coyuntura ofrece lecciones importantes y una oportunidad invaluable para que, a través de la Secretaría de Gobernación, el Estado mexicano refuerce significativamente las políticas para proteger a las niñas, niños y adolescentes ante cualquier situación  que les ponga en riesgo o los violente, por lo que reafirmamos nuestra voluntad y disposición para contribuir a este propósito”, señalan en el análisis.

A través de un documento, la UNICEF propone al Gobierno de México, una serie de medidas para disminuir la violencia contra niñas, niños y adolescentes protegerlos oportunamente en la coyuntura  de la pandemia por COVID-19, así como a mediano y largo plazo.

Dentro de las respuestas a corto plazo, solicitan:

1.         Garantizar el acceso a los servicio de atención y apoyo para niños, niñas y adolescentes que sufren violencia.

2.         Buscar alternativas de alojamiento seguro y mecanismos de alerta para mujeres, niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia.

3.         Prevenir la violencia mediante difusión de información para reducir los riesgos y fortalecer los factores protectores.

El organismo mundial, sostuvo que las emergencias humanitarias, los desastres naturales y las pandemias mundiales sitúan a las mujeres, niñas, niños y adolescentes en un mayor riesgo de violencia.

“La actual crisis de COVID-19 no es la excepción. El aumento de los niveles de estrés, la inseguridad económica y alimentaria, el desempleo y las restricciones de movimiento debilitan los factores de protección que contribuyen al incremento en los niveles de violencia doméstica. A esto se suma que niñas, niños, adolescentes y mujeres tienen limitadas  posibilidades de acceder a ayuda, incluso con fuentes de apoyo informal en escuelas, amigos y familiares, resultado de la situación de distanciamiento social”, aseguran.

Refirieron que en esta contingencia, en México, se han registrado 115,614 llamadas de emergencia al 911 por incidentes como abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar. El número de reportes recibidos en marzo es 28% superior al de enero pasado y 22% mayor al de  febrero. Sólo por casos de violencia de pareja, en marzo se recibieron 22,628 llamadas, lo cual representa un incremento de 23% comparado con el mes de febrero y 33% más que lo reportado en enero.

Aseveran en el documento que antes de la epidemia, “la evidencia mostraba que el hogar es a menudo el lugar más peligroso para una mujer y sus hijos e hijas. Se sabe también que más que seis de cada 10 personas de entre 1 y 14 años han experimentado alguna medida de disciplina violenta en sus hogares, situación que, como se ha mencionado, ahora se agrava por el confinamiento”.

La UNICEF afirma que “cuando hay violencia contra las mujeres en el hogar, también hay violencia contra niñas, niños y adolescentes pues, como testigos, son víctimas de violencia emocional y, en  muchas ocasiones, también pueden ser víctimas directas de violencia física, psicológica o sexual”.

Puntualizaron que en el contexto de la pandemia, la dificultad de acceder a mecanismos de ayuda, de tener válvulas de escape donde reportar informalmente, combinado con la reducida capacidad de atención a lesiones en hospitales dada la crisis sanitaria, la posible reducción de los servicios de protección, así como de administración y procuración de justicia, y de refugio, agravan la situación de la violencia contra niñas y niños.

Sostienen que las lecciones aprendidas que deja la contingencia por COVID-19 apuntan hacia la necesidad de implementar estrategias de mediana y larga envergadura encaminadas a fortalecer la actuación de las instituciones para prevenir y responder oportuna e integralmente a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, modificando las causas y precursores que la generan.

De acuerdo con la experiencia de UNICEF en otros países, las acciones prioritarias para reducir la violencia contra la niñez deben enfocarse en las siguientes estrategias, donde la Secretaría de Gobernación (SEGOB) tendría un papel fundamental en la actuación coordinada de las instituciones y el reforzamiento de las leyes y políticas públicas:

  • Promover una agenda legislativa que fortalezca la protección de los derechos de las y los niños, iniciando por (I) la prohibición legal del castigo corporal en todos los entornos, dando un claro mensaje a la sociedad de que la violencia contra la infancia no es aceptable ni justificable, así como (II) reformas a la legislación para fortalecer la función del gobierno federal para coordinar estrategias de prevención y respuesta a la violencia a nivel nacional.
  • Liderar campañas con base en el enfoque de comunicación para el cambio social y de comportamiento, que contribuyan a modificar actitudes, prácticas y normas sociales que fomentan la violencia y la discriminación.
  • Potenciar, en términos de contenidos, recursos  de aprendizaje, difusión y alcance, programas  existentes para la parentalidad positiva e intervenciones oportunas en el entorno  familiar, considerando el enorme impacto que tienen en la reducción de los índices de violencia en el hogar. También, impulsar programas que privilegien el apoyo a las familias de origen y las opciones de  cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes basados en familias extendidas o de acogida, cuando se detecten casos de violencia.
  • Desarrollar un programa de fortalecimiento del tejido social, promoviendo el concepto de comunidades libres de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, donde: (I) existan espacios o centros seguros donde niñas, niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos a la participación, juego, educación y cultura;(II) las escuelas implementen programas de convivencia y habilidades psico-emocionales; (III) se cuente con compromiso de las autoridades locales de prevenir y responder a la  violencia; y,(IV) existan  capacidades de atención y respuesta para las víctimas, en el límite de las competencias locales. En la fase de transición, es importante impulsar la preparación de los docentes y las comunidades escolares para el retorno a la normalidad y el manejo de estrés en los niños, así  como para identificación de indicios de violencia y su canalización oportuna.
  • Incrementar las capacidades operativas de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, aumentando su presupuesto y personal y promoviendo la formación continua, así como la coordinación con las demás instituciones de protección y justicia, para proteger oportunamente a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. En la fase de transición a la normalidad, se recomienda impulsar un modelo de seguimiento a las medidas de protección a distancia y presencial, para asegurar la atención adecuada frente al aumento de casos.
  • Fortalecer en términos de capacidades del personal especializado, así como en realojamiento de presupuesto y reasignación de personal, los servicios esenciales de instituciones para atender y apoyar efectivamente a niñas y niños sobrevivientes de violencia, como atención médica, psicosocial y  jurídica, o refugios temporales, de tal modo que se les proteja y se evite que los actos de violencia sean recurrentes y con consecuencias más graves. Al respecto, resulta fundamental asegurar servicios especializados para niñas, niños y adolescentes disponibles las 24 horas, particularmente en los Sistemas DIF, Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Policías, Fiscalías y Agencias Especializadas, Centros de Justicia para Mujeres, Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas y en clínicas y hospitales.
  • Fortalecer los conocimientos y prácticas del personal en clínicas y hospitales, escuelas, albergues y  estaciones migratorias para la detección y notificación oportuna de niñas, niños y adolescentes que tengan indicios de violencia en su contra, a fin de que puedan protegerse integralmente sus derechos.
  • Integrar el Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia 911 a los servicios de respuesta  primarios, como las policías, además de las Procuradurías de Protección, para intervenir oportunamente ante situaciones de violencia y dar seguimiento a cada caso hasta  restituir los derechos  de niñas, niños y  adolescentes  sobrevivientes  de violencia.
  • Fortalecer la coordinación entre el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y  Erradicar la  Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) considerando las interacciones entre la violencia contra las mujeres y la niñez, los recursos, instituciones y procedimientos disponibles para prevenirla y atenderla, las medidas y órdenes de protección, y los Centros de Justicia.
  • Prevenir la ciber violencia a través de la formación y la difusión de mensajes para apoyar a los padres, madres, niñas, niños y adolescentes a aprender y mantenerse seguros en línea, así como  fortalecer  los mecanismos legales e institucionales para disuadir  y sancionar a quienes cometen ciber acoso y explotación sexual en línea.

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