Para dar paso a la construcción de la central norte de despliegue policial y los juzgados cívicos del municipio de Puebla, el cabildo avaló por mayoría, con 12 votos a favor, 11 en contra y una abstención, expropiar un terreno en San Felipe Hueyotlipan para consolidar este proyecto.
En sesión extraordinaria, los regidores de la coalición Juntos Haremos Historia propusieron declarar como utilidad pública una superficie de 5 mil 846 metros cuadrados en un predio denominado El Roble, para que se edifique el sector norte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Durante su exposición, la regidora de Morena, Ana Laura Martínez Escobar detalló que la expropiación es indispensable, pues de acuerdo con datos de la SCC, del 15 de octubre de 2018 al 31 de enero de 2020, se reportaron el 4.2 por ciento de eventos delictivos en 18 colonias aledañas a la zona.
Además, el 7.2 por ciento de las persona detenidas fueron aseguradas en su entorno, por ello se requiere fortalecer la seguridad de los ciudadanos que acuden al lugar y de los propios comerciantes.
Abundó que en el mercado unión se comercializa piratería, venta de artículos robados, secuestros, homicidios y varios delitos, no sin antes subrayar que en esa propia central de abastos es un picadero.
“Ciudadanos lo consideran con mayor peligro, se localiza venta de droga, picaderos, consumo de sustancias y bodegas para almacenar objetos”.
El síndico Gonzalo Castillo Pérez relató que el monto de la expropiación lo detallará catastro una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado (POE).
Explicó que se le otorgarán cinco días de alegato al propietario Rafael Aguilar y, posteriormente, el ayuntamiento de Puebla contará entre 35 a 40 días para intervenir.
Lo anterior ante el cuestionamiento del coordinador del PAN Enrique Guevara Montiel, quien además pidió bajar el dictamen porque está mal hecho.
En su intervención, la regidora del PRI, Silvia Tanús Osorio fue la que observó varios errores, destacando que el dictamen puede ser revertido fácilmente por la fallas.
“No pongo en duda la obra sino el dictamen. Lo que mal empieza mal termina”, dijo.
Agregó que el involucrado puede ampararse y ello generaría un proceso judicial que alargaría la obra.
Al final, la secretaria general Liza Aceves dijo que se corregirían los detalles mencionados por la priista como errores de fecha y redacción.
