No hay duda que la denuncia interpuesta por el Secretario de Gobernación, de la actual administración estatal, David Méndez Márquez, en contra de 10 ex funcionarios estatales, por el presunto “uso indebido de recursos públicos y ejercicio indebido del servicio público”, de 241 millones 89 mil 406.93 pesos, ya generó una revuelta en el círculo rojo de Puebla.
Y si a esto le agregamos los mensajes y declaraciones hechas por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, durante la entrevista que le concedió la semana pasada al periodista Mario Alberto Mejía, director del periódico Contra Réplica, la cosa se pone más sabrosa.
Ambos frentes de batalla, dicen mucho y declaran una guerra sin cuartel en contra de quienes son considerados los peores enemigos del actual gobierno.
De un grupo de funcionarios calificados como “desleales y traidores”, del cual aún faltan por ser denunciados algunos más, al menos 3, según el propio gobernador.
Eso sí, la insurrección ya dejó sus primeras reacciones.
Porque Fernando Manzanilla Prieto, diputado federal y ex titular gobernación en la administración morenovallista y barbosista, ya salió al paso y aseguró que nada tuvo que ver con un manejo discrecional sobre la famosa “partida secreta”.
Y es que la mentada bolsa, denominada “Servicios de Seguridad y Protección”, según Manzanilla, quien utilizó su cuenta de Twitter para defender su causa, es un concepto autorizado por el Congreso del Estado y homologado a las normas federales.
Aseguró incluso que el gobernador Barbosa siempre tuvo conocimiento de la partida y sus montos de operación, pues gran parte de esos recursos, según, fueron utilizados para el proceso de transición.
Fernando Manzanilla sostuvo que existen documentos firmados por personas del primer círculo del mandatario estatal, entre ellos el mismo David Méndez, quien presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla en su contra y de otras 9 personas.
Y el documento, o recibo, lo hizo público, también en Twitter.
En la imagen aparece un documento firmado por David Méndez, fechado el pasado 5 de julio, por el que se entregan y reciben 1.5 millones de pesos, por el concepto denominado “Congreso Progresista”, certificado por la Lic. Alina Yasibe Félix Climaco, titular de la Notaría Pública #128, del Distrito de Puerto Escondido Oaxaca.
A esto habría que agregar que fue el mismo gobernador poblano quien corroboró que existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla por el uso indebido de recursos públicos, en la que está incluido el ex funcionario.
El mismo Manzanilla informó, finalmente, que Álvaro Gómez González, ex coordinador general de la extinta Secretaría General de Gobierno, acudiría con las autoridades correspondientes para aclarar cualquier duda referente al recurso señalado.
Y tal como lo anuncie en ediciones pasadas de Posdata, algunos integrantes del grupo denunciado y del que está por denunciarse, entre los que se encuentran, como lo dijo el gobernador Barbosa, de los grandes, ya están preparando su defensa.
Me pregunto si habrá más documentos, copias certificadas y/o simples, con las que se defenderán los enemigos del gobierno, firmadas por David Méndez o por otros funcionarios del actual gobierno.
¿Comprobarán inocencias, presuntas culpas y/o verdades?
Vaya que la guerra lanzada por el gobierno a ex funcionarios, a quienes se califica como “traidores”, está en su punto. Y, seguramente, se agudizará de cara al 2021.
Lo cierto es que, si alguien cometió actos indebidos, si es que manejó a discreción el presupuesto estatal, o hizo un mal uso de sus facultades, tiene que ser juzgado y enjuiciado conforme a la ley.
Es importante conocer la verdad, y si alguien es responsable de este o los gobiernos pasados que sea encarcelado.
No hay forma de justificar que alguien haya gastado el dinero público en temas personales, mucho menos en proyectos políticos ajenos a los intereses de los ciudadanos.
De esos sí ya estamos hasta la madre.
Y si alguien es inocente, o perseguido injustamente, también sería bueno que se le deje, las revanchas personales por acusaciones de oídas ni son legales, ni se valen.
Sobre todo, previo a unas elecciones.
Ojalá que el actual gobierno no caiga en la tentación de los vicios políticos e intolerantes del pasado.
Y que conste que lo prometieron.
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