Por ser contratos cuyas variables y valor de ponderación están a favor de las empresas y como consecuencia hace incosteables las finanzas públicas, el Gobierno del Estado procederá a rescindir las concesiones de los particulares que manejan el cobro y la publicidad de la Red Urbana de Transporte Articulado, conocida como RUTA.
Este día el mandatario estatal, Luis Miguel Barbosa huerta, dirigió un informe detallado sobre el esquema de construcción y otorgamiento de concesiones sobre el sistema de transporte RUTA, desglosado en la construcción, concesión de la operación, concesión del recaudo y concesión de la publicidad.
“Es un asunto de entendimiento y comprensión compleja. Es una cosa elaborada de una forma muy técnica, con el propósito deliberado de causar un daño patrimonial a nuestro estado”.
El director de Carreteras de Cuota Puebla, Rodolfo Chávez Escudero, recordó que el sistema a RUTA nació en 2011 tras el Programa Sectorial de Movilidad de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla. Actualmente los usuarios pagan siete pesos con 50 centavos, pero está estipulado que el costo real del viaje es de 19 pesos con 50 centavos, por lo que el gobierno subsidia doce pesos.
“Al inicio de la puesta en marcha de este programa se calculó un costo real de 10.50 pesos por viaje, por lo que el subsidio era de tres pesos. La tarifa original de 10.50 pesos, la obtuvieron sobreestimando la demanda de usuarios en un 62 por ciento con la realidad y sin tomar gastos indispensables para el sistema”, acotó Chávez Escudero.
En 2011 para dar marcha a la Línea 1 de la RUTA, firmaron un convenio de apoyo financiero con el Fonadin, Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador del estado en aquel momento y secretarios de su gabinete como Fernando Manzanilla Prieto, Roberto Moya Clemente, José Cabalán Macari, Antonio Gali Fayad y Bernardo Huerta Couttolenc.
Para la construcción de la Línea 1, se invirtieron mil 464 millones de pesos, entre financiamiento, inversión pública y privada. Referente a la inversión privada detectaron sobrecostos y duplicaciones de rubros, entre una larga lista de anomalías que también se detectaron en el plan de creación de la Línea 2.
Si el día de hoy se congela la tarifa que paga el usuario en el RUTA y el subsidio del gobierno, la deuda del financiamiento de ambas líneas de este transporte por construcción y publicidad ascendería hasta a 234 mil millones de pesos, cantidad que tendría que ser pagada por esta y las siguientes administraciones.
La secretaria de finanzas, Teresa Castro Corro, destacó que esta situación genera una presión en las finanzas públicas, ya que al ser una obligación por parte del estado, que está suscrita, mes a mes se tiene que estar pagando un importe. La fórmula para sacar este costo contiene variables que están a favor de la concesionaria, como costo del diésel, salario mínimo, inflación y tipo de cambio, y cada una con un valor de ponderación.
El abogado Fernando Pérez Cantillo, especificó que la ruta jurídica sobre este modelo de negocio incosteable y creado desde su inicio con dolo y sobrestimación para lastimar el erario del estado y beneficiar a unas personas, será intervenir concesiones, revocación, acciones administrativas, civiles e inclusos penales por los pagos indebidos que generan al erario.
