Garantizar el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo, la seguridad, la libertad ideológica religiosa y política, o bien el respeto a los derechos humanos, el acceso a la información pública e incluso las telecomunicaciones de nuestro país, entre muchos otros, es responsabilidad de las instituciones del Estado, mismas que son consideradas por especialistas en materia jurídica como órganos autónomos de rango constitucional, que ejercen funciones relevantes del gobierno y sirven para administrar, regular y organizar la convivencia social, a través de la concepción de reglamentos, normas y leyes que los ciudadanos debemos asumir como parte de nuestros derechos y consecuentes obligaciones.

A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1917, se comenzaron a constituir muchas de las instituciones que hasta nuestros días mantienen su actuación, en función de las necesidades mismas de la sociedad mexicana y basadas en la instrucción que los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo establecen para el correcto funcionamiento de la Nación.

Podemos recordar la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921, el Banco de México (Banxico) en 1925, institución que tiene por objeto proveer a la economía mexicana de moneda nacional; el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) en 1933 y Petróleos Mexicanos (PEMEX) en 1938, entre las más de 100 Instituciones que conforman el Estado Mexicano y que hoy muchas de ellas, están en riesgo de desaparecer, debido a una iniciativa presentada en la reunión editorial matutina (llamada Conferencia Presidencial o “Mañanera”) donde el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ha considerado (si no es que se le ocurrió), que éstas no ayudan en mucho y al contrario, representan un “alto costo burocrático y económico” para el país.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), es una de las propuestas de desaparición del mandatario nacional, de tal forma que las acciones de combate al racismo recaerían en la actual Secretaría de Gobernación. De igual forma pretende desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues señaló que “se creó para la transparencia y no hubo transparencia. Se reservaban los asuntos que no les convenía que se supieran”. La lista continúa con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sippina) que podría ser absorbida en funciones por el DIF, pasando por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), mismo que se integraría a la Secretaría de Comunicaciones (SC).

El Presidente López Obrador ejecuta literalmente su frase histórica “¡al diablo las instituciones!” expresada el 6 de septiembre del 2006, cuando al encabezar una de sus múltiples manifestaciones en la Ciudad de México y frente a miles de sus seguidores, manifestaba su inconformidad por la derrota electoral en busca de la Presidencia de la República y luego que el Tribunal Federal Electoral diera la ventaja a Felipe Calderón, con un porcentaje del 0.56 %.

Parece que estamos a punto de ver cumplido un capricho político más de nuestro Jefe del Estado Mexicano.

A partir de 1993, la composición del Estado Mexicano inició a experimentar la construcción de órganos autónomos con jerarquía constitucional, con exclusión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuya soberanía constitucional data de 1980. De esta forma, se integraron a la Carta Magna, el Instituto Federal Electoral en 1996 (hoy Instituto Nacional Electoral, INE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1999, instituciones consideradas como la primera generación de órganos constitucionales autónomos en México.

Será en las próximas semanas cuando el Congreso de la Unión reciba la iniciativa presidencial para discutirla, analizarla y determinar si procede la solicitud, misma que de ser aprobada en ambas cámaras legislativas, marcarían un histórico hecho en lo referente a la vida institucional del país, pues no solo se acabaría con esa percepción de “amplia burocracia” que plantea Andrés Manuel López Obrador, sino que incluso se vendrían abajo muchos de los avances obtenidos por parte de éstos organismos autónomos integrados no por un capricho, sino por una necesidad, ante el crecimiento y la evolución de la vida social en México.

Los ciudadanos hoy requerimos de certidumbre para nuevamente creer en nuestras instituciones y no esperar que la “mano del gobierno” esté metida en todas partes.

Nos escuchamos la próxima, en tanto tenga usted, ¡muy buen día!

Facebook: Omar Espinosa Herrera

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