El Gobierno no permitirá que la gente se aproveche del estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas por el miedo a la pandemia, con la comercialización tanto de vacunas autorizadas como alteradas contra el coronavirus, por lo que enviará una iniciativa de reforma a los artículos 403 y 404 del Código Penal del Estado de Puebla.
El escrito será entregado al Congreso del Estado a más tardar el día de mañana, anunció el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, durante la conferencia matutina.
“He tomado la decisión de enviar al congreso local una iniciativa de reformas para tipificar como delito, esta criminal conducta de engañar a la gente mediante la venta de vacunas alteradas, falsificadas o sustancias que tengan ese anuncio. No sólo para quien concrete esta conducta, también quien la pretenda”, expresó el mandatario estatal.
Ricardo Velázquez, consejero jurídico del estado de Puebla, detalló que “hay un fraude genérico cuando alguien utilizando el dolo, el engaño o el error en el que alguien se halla, obtiene un lucro indebido y hay otro delito que se llama fraude específico, cuando específicamente se señalan las causas por las que se comete el fraude”.
En este sentido en el artículo 404 se aumentará la vigésimo primera fracción que dice que a la persona que venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte sustancias que se ofrezcan como vacunas contra el virus SARS-CoV-2, falsificadas, alteradas, contaminadas o adulteradas ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar.
O a la persona que venda y entregue sustancias falsas o aquellas que no estén autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) o que siendo verdaderas y originales autorizadas, no se entreguen, sea castigada mediante la ley.
Otra facción que se pretende incrementar mediante esta iniciativa de reforma, es al artículo de penalidad, el artículo 403, facción quinta, que dice que a aquellas personas que comentan estas conductas se les impondrá de cinco a siete años de prisión.
Dicha sanción incrementará hasta en una mitad cuando el delito lo cometa un profesional de la salud y con la suspensión de su cédula profesional o licencia comercial por diez años para el derecho de ejercer su profesión o comercio.
“Es así como debemos, desde los órganos autónomos, poderes públicos cuidar a nuestra sociedad. Vamos a proteger a nuestra sociedad para que no sea objeto de más daño por parte de quienes ven en este momento la oportunidad de obtener de manera ilícita ingresos a través del engaño”, concluyó el gobernador.
