Aún no hay definición a la propuesta del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para desaparecer algunas (muchas) de las instituciones del Estado Mexicano, entre ellas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), mismo que tiene entre sus múltiples funciones, garantizar una sana relación entre las audiencias y los medios de comunicación audiovisual (radio y televisión), mediante la aplicación de los conceptos contenidos en el artículo 216, fracción II de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), que otorgan al Instituto la facultad de vigilar y sancionar las obligaciones que los concesionarios tienen para que se aplique lo establecido en los artículos sexto y séptimo Constitucional en materia de permitir la libertad de expresión, el derecho a recibir información, opiniones o ideas ajenas.
Advertir que sería un error desaparecer el IFT y revertir todos los avances alcanzados desde su fundación en septiembre de 2013 no es difícil, más aún cuando se habla de la defensa de quienes escuchamos a diario la radio y vemos televisión, consumiendo contenidos que pueden ser contrarios a los principios de respeto, moral, ética, pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la Nación, lo que significaría un severo retroceso en materia de telecomunicaciones en aspectos que también involucra recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.
Otras de las funciones que tiene el órgano regulador de las telecomunicaciones nacionales para proteger a los consumidores de medios convencionales, son el que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a la misma; que se pueda ejercer el derecho de réplica, se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación (incluidos los espacios publicitarios), que se prohíba toda discriminación motivada por origen étnico, de género, edad, discapacidades, condición social, de salud, religión, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, evitando así que se violenten los derechos humanos y se preserve el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación.
“Promover el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones en el país, llevando a cabo tareas de competencia, regulación, promoción y supervisión de la explotación del espectro radioeléctrico, las redes, y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”, es el principio rector del IFT, de tal forma que el de la defensoría de las audiencias, es tan solo uno de los temas a considerar antes de pensar en desaparecer una Institución del Estado Mexicano que fue creada hace poco más de 7 años por una necesidad concebida en su momento y avalada por los poderes Ejecutivo y Legislativo para ajustar el crecimiento nacional de las telecomunicaciones, lo que bien puede tomarse como avance y desarrollo democrático de los medios de comunicación.
Pero no todos piensan así, al menos no el Presidente de la República.
Y de tarea debemos dejarle al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que si ganan esta batalla y mantienen su autonomía, contemplen la imperiosa necesidad de incluir en su Ley, uno o varios artículos que obliguen a la realización nuevamente de exámenes de competencia para quienes quieran convertirse en locutores, cronistas, comentaristas y conductores en televisión y radio, como sucedía hasta el año 2017, pues también es un derecho de la audiencia escuchar a profesionales de la voz, capacitados y comprometidos, evitando que lleguen a la radio y la televisión muchos improvisados que al salir al aire, ponen en riesgo todos los preceptos antes comentados.
Nos escuchamos la próxima, en tanto tenga usted, ¡muy buen día!
Facebook: Omar Espinosa Herrera
