“También mi gratitud a las benditas redes sociales”: frase expresada el 2 de julio del 2018 por el entonces Presidente electo Andrés Manuel López Obrador en el Hotel Hilton de la avenida Reforma en la Ciudad de México, haciendo referencia a la ventaja que encontró en las estructuras desarrolladas en Internet por personas, organismos, grupos y organizaciones para compartir información, audios, videos, imágenes y pensamientos con los que validan sus valores comunes e intereses. Ahí, en aplicaciones como YouTube, Facebook y Twitter fue que el hoy Primer Mandatario Mexicano canalizó sus estrategias de difusión política durante los 12 años que estuvo prácticamente en campaña, tiempo en que también acusó a medios de comunicación tradicionales (prensa escrita, radio y televisión) de bloquear la difusión de sus ideas, propuestas, quejas y manifestaciones contra los gobiernos en turno.

A poco más de 2 años de su mandato, López Obrador ha puesto en la agenda de discusión nacional y hasta legislativa lo que considera podría ser una intención por parte de las redes sociales para ejercer censura a la libre expresión y privación del acceso a la información, haciendo referencia y por repercusión al bloqueo que vivió el ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump, cuando por sus comentarios en las plataformas virtuales a principios de enero de 2021, conminó a la violencia y se produjo el asalto al Capitolio de la vecina nación, mismo acto que llevó a los desarrolladores de estos medios digitales a considerar como “altamente peligroso” el uso que el magnate, empresario, director ejecutivo e inversor en bienes raíces había dado a las mismas, poniendo en alteración el orden social y exponiendo al país a la violencia comunitaria. El resultado: bloquearon sus cuentas y retiraron el nombre de Donald Trump de los buscadores en la Web, hasta en tanto no tomara el poder Joe Biden.

Ante el panorama, en México se hizo necesario observar el tema e incluso incluirlo en el debate dentro del Senado de la República donde el jefe de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Ricardo Monreal Ávila, tuvo a bien presentar una iniciativa para la regulación de las redes sociales en nuestro país, asegurando que no se trata de censurar la libre expresión, sino más bien de garantizar ese derecho y el de la información, toda vez que se pretende legislar para otorgar facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y se pueda crear una figura legal para defender a las audiencias digitales, tal como sucede en los ámbitos de la radio y televisión nacional. El senador Monreal tendrá que explicar si procede entonces la voluntad del Presidente para desaparecer el IFT como lo propuso en enero de este mismo año, pues de ser así, la iniciativa propuesta carecería de congruencia y coherencia.

El Senador de la República incluso ha llamado ignorantes a quienes señalan que su iniciativa pretende ser un modelo de censura y para explicar más sobre la propuesta legislativa ha utilizado precisamente su cuenta de Twitter (con poco más de 455 mil seguidores), donde abre un debate ciudadano (de 5 minutos), para después solicitar a los usuarios que abran su Sitio Web; ahí se piden datos generales (nombre, correo electrónico y teléfono) y se tiene un espacio para escribir una pregunta en torno a la propuesta para regular las redes sociales; ya si le hace caso y responde será otra cosa, pero al menos utiliza recursos digitales para conocer la opinión pública.

Es importante destacar que el proyecto legislativo a discutir para finales de febrero en la cámara alta contempla la regulación de Twitter, Facebook, TikTok e Instagram, mismas redes que en su caso, deberán someterse a la autorización del IFT para operar en México y deberán ajustar sus configuraciones para la detección de noticias falsas, mensajes que expresen odio, motiven a la comisión de delitos, afecten los derechos de las niñas y los niños o den a conocer datos personales, sin permiso expreso del usuario, de tal forma que las cuentas que sean detectadas en este proceder deberán ser suspendidas o bien, deberán solicitar la eliminación del contenido. Lo curioso es que el criterio para la toma de decisiones no será de las redes sociales, sino del organismo regulador, quien también podrá resolver impugnaciones hechas por usuarios que resulten bloqueados y que consideren no ser merecedores de sanción.

De acuerdo con datos publicados en el portal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en México hay 80.6 millones de usuarios de Internet, que representan el 70.1% de la población de seis años o más; de ellos el 98% cuentan con perfil de redes sociales, siendo Facebook la de principal uso para los mexicanos, seguida de WhatsApp y YouTube.

En los próximos meses habrá un intenso debate a este respecto y quizá la ocurrencia, idea creativa o necesidad legislativa por mejorar la calidad de lo que se recibe a través de las plataformas digitales también incluya un apartado en el que se ofrezcan posibilidades de capacitación y campañas de conciencia social, para que los ciudadanos no sean solo sancionados por expresar lo que quieran, sino que antes de hacerlo, sepan la importancia de utilizar los medios sociales a favor del constructo ciudadano, pues de otra forma, el Estado Mexicano podría incurrir a desarrollar acciones de censura y control social como sucede en otros países como Venezuela, Cuba o China y no creo que sea esa la intención. ¿O sí?

Nos escuchamos la próxima, en tanto tenga usted, ¡muy buen día!

Facebook: Omar Espinosa Herrera

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