En el marco de la discusión en la Cámara de Diputados sobre la nueva Ley de la Industria Eléctrica, promovida por el Gobierno de México, el ingeniero, Armando Etcheverry y Beltrán, acompañado por la periodista Flor Coca Santillana y el ingeniero, Isidro Rodríguez Carbajal, analizó los detalles técnicos de la nueva reforma.

El ingeniero Etcheverry y Beltrán recordó que este no es un problema nuevo y tiene alcances internacionales. Por ello, recordó que el Gobierno de México tiene infraestructura, construida en años pasados, que podría usarse para reducir costos.

En el caso de las empresas privadas que producen energía eólica o solar en México, apuntó que uno de los problemas es que se les debe de pagar produzcan o no debido a la intermitencia característica del sol y el aire, a diferencia de los combustibles fósiles que producen energía sin pausas.

Puso como ejemplo el caso de Alemania, que en busca de reducir los efectos contaminantes producidos por el uso de combustibles fósiles, aceleró la conversión a energías “limpias” (solares y eólicas), por lo que sufrió por tener un suministro intermitente.

Destacó las ventajas de México para utilizar los recursos hidráulicos por medio de las 80 plantas hidroeléctricas que hay en el país, las cuales cubren el diez por ciento del consumo actual de electricidad, cifra que incrementará porque el actual Gobierno de México planea construir 60 hidroeléctricas más, para reducir el uso de energéticos contaminantes.

Armando Etcheverry reiteró la importancia de utilizar energías no contaminantes, pero con un plan que permita una transición que ponga en riesgo el suministro de electricidad en el país; además de acabar con los contratos leoninos firmados en sexenios anteriores, los cuales cuestan una fortuna al estado mexicano y a los contribuyentes.

Por su parte, Coca Santillana señaló que la iniciativa permitirá que no se incrementen las tarifas por el uso de energía eléctrica, además de garantizar la seguridad energética. La propuesta de ley propone priorizar la energía producida en las hidroeléctricas, la energía generada en otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las energías eólicas o solares de particulares y ciclos combinados de empresas privadas.

Se busca dar confiabilidad al sistema de generación y distribución de la electricidad y garantizar que los precios sólo se eleven en caso de un alza en la inflación. Por ello, la importancia de establecer nuevos contratos para la entrega física de energía y capacidad en la red, los cual permitirá eliminar erogaciones fiscales con impacto negativo a los contribuyentes y a recursos económicos de la nación.

La iniciativa también pondrá fin a la simulación de precios en un mercado que en la actualidad favorece la especulación de los productores privados, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad. Se superará la relegación intencionada de la que ha sido víctima la CFE y la paraestatal será de nuevo rentable.

Otro de los puntos importantes de esta ley es que eliminará la obligatoriedad de comprar por subastas al suministrador de servicios básicos y obligará a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revocar los permisos de autoabastecimiento que hayan sido obtenidos mediante prácticas de fraude a la ley. Una vez que entre en vigor la nueva ley, los entes reguladores tendrán seis meses para la revisión de dichos convenios.

En su intervención, el ingeniero Rodríguez Carbajal destacó la necesidad en la utilización de gas para producir energía eléctrica y la necesidad de diversificar las fuentes de generación de energía (carbón, eólica, solar, geotérmica, entre otras).

México enfrenta un problema por falta de yacimientos de gas, lo que obliga a importar este energético, en particular de Texas, de donde viene el 90 por ciento del gas que requiere la industria eléctrica nacional. Cabe destacar que Pemex redujo su producción de gas en un 50 por ciento en la última década, al pasar de cinco mil millones a dos mil 600 millones de pies cúbicos por día.

El gas se transporta por siete gasoductos privados, operados por cuatro compañías, dos nacionales y dos extranjeras. Pese a que es la CFE quien compra el gas en Estados Unidos, debe pagar cantidades millonarias a estas empresas para transportarlo; el problema reside en que el pago es fijo, haya o no gas para transportar, además de gastos de operación, mantenimiento, exploración y los consumibles de las empresas, cuyos contratos son por 25 años, con opción a renovarlos por un lapso similar.

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