Ser empresario de la radio en México es cosa sencilla. Basta una inversión de entre 12 mil y 70 mil pesos para la compra de un transmisor en Frecuencia Modulada (que se encuentra hasta en tiendas por Internet), una antena, cable coaxial, una pequeña torre para instalar la antena, un par de micrófonos, una Interfaz o consola de audio, computadora y un espacio físico acondicionado como cabina o estudio de transmisión. Lo mejor de todo es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no le va a decir nada, es más, tendrá oídos sordos a las denuncias que concesionarios y permisionarios le hagan llegar por medio de su página de Internet o de manera presencial.

El Sitio Web oficial del IFT tiene un apartado en el que ponen al alcance del quejoso “la herramienta electrónica denominada “Denuncias de radiodifusoras sin concesión”, la cual te permite presentar una denuncia cuando tengas conocimiento de la operación de una estación de radio que opere sin concesión.” Abajo hay un formulario donde solicitan información amplia sobre la frecuencia a denunciar, localización, contenido, horario de la transmisión y el nombre de quien presenta la acusación, seguido de una sección donde se deberán colocar evidencias documentales, auditivas y/o fotográficas que sustenten la queja. Al final el botón de “Enviar” y ya. Solo eso. No dice en qué tiempo se recibirá una respuesta (porque además no piden datos de contacto) y mucho menos el procedimiento para que se retire del aire a las que todos conocemos como “estaciones piratas” o “clandestinas”.

En enero del 2016 se publicó que “en el ámbito de sus atribuciones, a través de la Unidad de Cumplimiento, el Instituto realiza actividades de monitoreo y visitas de verificación e inspección con el propósito de salvaguardar el uso legal, efectivo y eficaz del espectro radioeléctrico, y por ende del funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.” Y que “dicha información será recibida por la Unidad de Cumplimiento del Instituto, quien dará seguimiento a la denuncia y verificará su procedencia.” En la letra y el papel de los ordenamientos burocráticos queda muy bien, pero en la realidad no es así, pues a diario y prácticamente en cualquier parte del país, incluso en grandes ciudades, podemos encontrar frecuencias ilegales.

Un radiodifusor me platicó que la respuesta que el IFT ha dado a concesionarios e instancias como la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), es que muchas de las frecuencias son operadas por bandas del crimen organizado, lo que les impide actuar de manera directa, pues incluso al querer desarrollar un trabajo de monitoreo en las zonas donde se presentan las denuncias, encuentran situaciones de riesgo para los técnicos e ingenieros que realizan esa labor, pues primero es el rastreo de la señal y luego solicitan el apoyo de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y las policías locales, por lo que se dificulta, en primera instancia, detectar la procedencia de las estaciones radiofónicas sin permiso. Valdría mucho la pena que el Director de la Unidad de Cumplimientos en el IFT, Luis Gerardo Canchola Rocha, ofreciera información clara de los procedimientos a realizar para evitar que siga el crecimiento de estaciones ilegales en nuestro país.

La audiencia en muchos de los casos no se da cuenta de que su estación favorita es ilegal y que por tanto locutores, productores y todos los que trabajan en estas estaciones clandestinas, están haciendo radio al margen de la Ley, ofreciendo competencia comercial desleal, pues llegan a ofrecer sus servicios de publicidad hasta en un 60 % menor a aquellas radiodifusoras que operan de manera regular pagando refrendos anuales al IFT e impuestos. Parece claro que, si la autoridad competente no comienza a poner orden en la banda de ondas hertzianas, en cualquier momento habrá una sobresaturación radial que de ninguna manera conviene a la democratización de los medios nacionales.

Además, vienen tiempos electorales en México. ¿Cuántos candidatos utilizarán las frecuencias ilegales (piratas o clandestinas) para dar a conocer sus propuestas políticas? ¿Usted confiaría en un aspirante a algún puesto de elección popular que utilice medios no legalizados? Yo tampoco.

Nos escuchamos la próxima, en tanto tenga usted, ¡muy buen día!

Facebook: Omar Espinosa Herrera

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