En el control de los medios de comunicación, cada administración de gobierno (en los tres niveles), actúa en función de sus miedos, ineptitudes e intereses políticos a inmediato, corto, mediano y largo plazo. La radio ha sido (es todavía) un medio que siempre se ha transformado en cuestiones tecnológicas y de programación, pero que, de forma lamentable se mantiene marginada y “alineada” en aquello que las esferas de los poderes del Estado definen y entienden (muy a su manera) como “libertad de expresión”, esa que no la tiene ninguna radiodifusora abierta y mucho menos las que desde finales de la década de los 60 se consideraron “de corte público”.
Hablar de una estación de radio que trabaje con vocación social, que fortalezca los derechos de los ciudadanos, donde prevalezca la divulgación cultural y se produzcan programas educativos, sería hablar de una verdadera radio pública, en la que prevalezca el buen entretenimiento y no haga falta preocuparse por los niveles de rating. La radio pública debe por tanto ser portadora de ideas que interesen a sectores de una comunidad y que éstos convengan para su desarrollo colectivo en cualquier ámbito, debiera por tanto, mantenerse lejos de intereses políticos o gubernamentales.
Pero en México no sucede así, pues las estaciones de radio que conforman el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), operan más bien como frecuencias oficiales al servicio del gobierno en funciones. Son 20 frecuencias permisionadas en todo el país, administradas por el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y donde su programación abarca distintos formatos musicales, espacios informativos, así como producciones culturales, de investigación y opinión, pero que distan mucho del principio básico de la radio pública o social, que es precisamente el propiciar la participación de las audiencias.
Cuando hablamos de “radio pública”, de inmediato pensamos en la radio comunitaria, indígena o alternativa; entendemos además que en esas emisoras, lo que sobra, además de creatividad, vocación y pasión por el medio, son las carencias económicas, pues al no tener la posibilidad de comercializar sus espacios al aire, advierten una gran desventaja sobre aquellas frecuencias otorgadas a concesionarios que pueden vender a quien sea lo que transmiten al aire, dejando a estas radios, sometidas a los recursos autorizados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y que para este año 2021, corresponde al 1% de los presupuestos que instituciones públicas federales destinen, como parte de su recurso anual para comunicación social. Esto significa que cada una de las 58 estaciones de radio que operan bajo este esquema en el país, recibirán algo así como 85 mil pesos, es decir aproximadamente 7 mil pesos mensuales para su operación.
La pandemia por Coronavirus ha afectado sobremanera los ingresos de diversos sectores en México y el de la radio también ha tenido dificultades; no solo las estaciones comunitarias, indígenas o públicas, incluso las concesionadas buscan reajustarse a su interior para sobrevivir a la disminución de ventas. Ante este hecho, el Gobierno de México decidió en abril de este año, renunciar a los tiempos oficiales al aire (30 minutos al día), para que los radiodifusores puedan comercializarlos, situación que generó controversia y confusión, pues por ser año de comicios federales, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene derecho a espacios de 48 minutos diarios en todas las estaciones, de tal forma que la generosa acción del Presidente López Obrador, no disminuye el uso de la radio para ocupar espacios que siguen generando gastos de operación a las empresas radiofónicas y que les siguen reduciendo tiempo para poder vender más.
¿Qué tan pública es entonces la radio, si el Estado Mexicano no permite libertades para que los contenidos sean realmente ciudadanos en las estaciones permisionadas? Las frecuencias comerciales siguen sujetas a las presiones del gobierno en turno que, si no le agrada la línea editorial y periodística, retira acuerdos comerciales y tacha a estos medios de apoyar a “los adversarios”, poniéndolos en severos conflictos financieros.
Mientras tanto y como históricamente sucede en nuestro país, los medios radiofónicos nacionales y organismos como la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) o la Asociación de Radiodifusores del Valle de México (ARVM), por citar algunos, les tocará esperar a que no haya más sorpresas que incluyan aumento de tiempos oficiales, más impuestos, saturación de trámites o cualquier otra cosa que, según convenga, quieran dictar desde las esferas de los poderes de la nación.
Nos escuchamos la próxima, en tanto tenga usted, ¡muy buen día!
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