En términos político-electorales la “temporada de caza” del gobierno de la 4T comenzó con dos eventos simultáneos que tuvieron lugar en febrero del año en curso. El primero fue la extradición del empresario Alonso Ancira desde España y el segundo la detención del ex gobernador de Puebla Mario Marín Torres en Acapulco, Guerrero.
Si bien ya no se registraron más detenciones de este calibre, la temporada continuó con el “desafuero” del gobernador de Tamaulipas a finales del mes de abril por parte de la Cámara de Diputados, sin embargo la “presa” no cayó en virtud de que el Congreso local interpuso una controversia constitucional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó desechándola “por notoria y manifiesta improcedencia”, razón por la cual mantuvo su fuero y sólo podrá ser juzgado hasta que concluya su mandato en 2022.
Ante las dificultades encontradas para detener y encarcelar al gobernador de Tamaulipas y la caída en las encuestas por parte de la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, los encargados de seleccionar a sus presas y territorios de caza apuntaron a Nuevo León, donde hoy la temporada continúa.
Sus objetivos ahora son Samuel García y Adrián de la Garza, candidatos por Movimiento Ciudadano y PRI, respectivamente, quienes a iniciativa del titular del ejecutivo federal y contraviniendo la constitución, fueron “denunciados” y son investigados por delitos electorales y en el caso del primero también por delitos de delincuencia organizada, por parte de la Fiscalía General de la República.
Por más que se quiera ocultar la intención de las indagatorias iniciadas en contra de los dos candidatos, en el fondo subyace la pretensión del presidente de la República de descarrilar a los abanderados que encabezan las preferencias electorales, para dar paso a su candidata Clara Luz Flores quien de acuerdo a algunos sondeos ha sido relegada hasta un cuarto lugar.
Si trasladamos esta competencia a la esfera deportiva, equivale a que faltando 300 metros para que concluya una carrera de marathon, de entre el público salieran los amigos del competidor que va en tercer lugar y derribaran a los dos punteros para quedarse con el listón colocado en la meta y que marca el final de la desgastante prueba. Mucho ojo, porque esto ya ha sucedido en la vida real y salvo en honrosas excepciones el espíritu deportivo de los competidores ha evitado que el que va atrás gane.
No por nada el mes pasado a la senadora María Mercedes González se le salió, decir en un chat abierto, que Ricardo Monreal le había dicho: «al presidente le interesa mucho en ese caso los estados de Jalisco y Nuevo León». Si bien la senadora intentó corregir, ya no le fue posible en virtud de que su dicho había quedado grabado en las redes sociales.
Habrá que recordar que una estrategia similar a la de Morena fue utilizada por el PRI durante las elecciones para gobernador del estado de México y la presidencial de julio de 2018, cuando los candidatos Josefina Vázquez Mota y Ricardo Anaya, correspondientemente fueron acusados de diversos delitos federales para sacarlos de la contienda previo a los comicios y es el día que no se han podido reponer.
Una primera lectura de lo que sucede en Nuevo León podría ser que «el que a hierro mata a hierro termina» y que «las reses de hoy serán las vacas del mañana»; si dicha estrategia la aplicó el PRI durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a sus adversarios del PAN, hoy Morena y el presidente López Obrador, se la están aplicando al PRI y a Movimiento Ciudadano.
Pero mientras en Nuevo León las cosas parecen entrar en una suerte de impasse la liebre brincó en Puebla, donde fue detenido Alfonso Guillén Almaguer, Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa y ex Secretario de Infraestructura, Movilidad y Transporte (titular en el gobierno de Antonio Gali Fayad), junto con Froylán Pedroza Bouchan, empleado del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y ex Coordinador General Jurídico de dicha secretaría, acusados de malversación de fondos, en particular por el pago ilegal de un laudo por 107.2 millones de pesos.
La incógnita ahora es cuál entidad federativa sigue, porque las tres semanas de campaña restantes no se pueden desaprovechar y el partido en el poder no perderá otra oportunidad si se le presenta.
En tanto una nueva coyuntura se presenta el gobierno de la 4T continuará tratando de desviar la atención del accidente de la Línea 12 del Metro hacia otras entidades del país para que no siga desgastando su imagen en la Ciudad de México en vísperas del 6 de junio, sin embargo no será fácil ya que en breve los familiares de las víctimas mortales podrían exigir una indemnización cercana a los 30 millones de pesos para cada una de ellas, como sucedió en el “socavón” del Paso express de Cuernavaca, Morelos en julio de 2017, o bien recurrir a la ONU, que en indemnizaciones anteriores ha llegado a pagar hasta 1 millón de dólares por cada víctima con base a protocolos internacionales.
