Hace exactamente mes y medio fue anunciada en Palacio Nacional la puesta en marcha de la “Mesa de Estrategia de Protección en el Contexto Electoral”, como el mecanismo que permitiría brindar seguridad a los más de 21 mil candidatos a puestos de elección popular que contenderán el próximo 6 de junio, desafortunadamente varios de ellos no lo harán porque fueron amenazados para bajarse de la contienda, otros fueron asesinados.
Respecto de los candidatos amenazados difícilmente sabremos la cantidad exacta y la identidad de cada uno de ellos porque la mayoría no denuncian, algunos por miedo, otros por desconfianza en la autoridad estatal y federal, mientras que otros no lo harán porque probablemente se encuentren comprometidos con algún grupo criminal y lo mejor será dejar pasar las cosas y no complicarles la existencia a sus eventuales benefactores.
Entre los que se atrevieron a formular su denuncia destaca la candidata de la alianza “Va por México” a la presidencia municipal de Valle de Bravo, Estado de México Sudikey Rodríguez, un tanto obligada por las circunstancias luego de haber sido amenazada por integrantes “La Familia Michoacana” para bajarse de la contienda y otro tanto por el respaldo que pudieran darle las fuerzas armadas que previamente le dieron cabida entre sus filas para que siguiera entrenando como velocista y tuviera acceso a la seguridad social y un salario seguro.
Pero hay una categoría que no lo hará porque no tuvieron la protección gubernamental necesaria y fueron asesinados, entre ellos el extinto candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora Abel Murrieta Gutiérrez, quien fue asesinado el 13 de mayo mientras repartía propaganda, a quien conocí y tuve el gusto de trabajar coordinadamente con él desde el gobierno federal entre 2004 y 2012, tiempo en el que se desempeñó como Procurador General de Justicia del estado de Sonora y le correspondía atender secuestros.
Otra víctima de la violencia en el marco de la campaña electoral fue la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán Santiago, quien fue asesinada antier 25 de mayo mientras encabezaba un mitin en una colonia de dicha demarcación. Las primeras versiones sobre los autores del crimen apuntan a que fue víctima de la delincuencia organizada.
Algunos más han sufrido atentados con armas de fuego o bien han sido “secuestrados” pero han salido con vida, entre ellos el candidato a Diputado por PRI y PRD por el Distrito que incluye al municipio de Moroleón de nombre Juan Guzmán Ramírez, quien afortunadamente salvó la vida.
En síntesis, brindar seguridad a más de 125 mil candidatos es prácticamente imposible, pero al gobierno federal se le hizo fácil comprometerse a proteger a todos y cada uno de ellos, independientemente de los 93 millones 528 mil ciudadanos inscritos en el padrón electoral y que éste 6 de junio podrían salir a votar.
Seguramente lo hizo porque desconocía el tamaño, la dimensión y la complejidad del problema que es brindar seguridad durante las elecciones y pensó que con un discurso se resolvería todo. O tal vez culpando a los gobiernos anteriores por ser los causantes de todos los males.
Pero la terca realidad se ha encargado de hacer que la Mesa de Estrategia de Protección (a los candidatos) en el Contexto Electoral “haga agua” por no disponer de los recursos económicos, capital humano capacitado, mecanismos de evaluación de riesgos y protocolos para realizar la función.
Con este panorama tan sombrío y faltando 8 días para que concluyan las campañas electorales y 10 días para que se realicen los comicios, a los candidatos no les queda de otra que cuidarse con el apoyo de sus correligionarios y a los ciudadanos resguardarse hasta donde sea posible y buscar el apoyo de los vecinos, ya que 104 mil elementos de la Guardia Nacional, 177 mil 064 policías estatales y 125 mil 908 policías municipales no van a ser suficientes para cuidar a los 93 millones 528 mil ciudadanos con posibilidades de votar y mucho menos a los más de 126 millones de habitantes que tiene nuestro país.
De hecho con corte al 21 de mayo la Guardia Nacional solo daba protección a 57 candidatos, entre ellos 5 que buscan alguna gubernatura, es decir apenas el 0.05% de los 121 mil aspirantes. Con la misma fecha el número de contendientes asesinados según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ascendía a 13, sin embargo con la candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón, Guanajuato la cifra se actualiza a 14. Sin embargo la consultora “Etellekt” lleva contabilizados 34 asesinatos de candidatos de septiembre a la fecha.
Así es que a cuidarnos todos ya que con tantos flancos abiertos de aquí al 6 de junio los gobiernos federal, estatal y municipal se olvidarán momentáneamente de nosotros y solo voltearán a vernos cuando venga una nueva campaña, en este caso la de 2024 y necesiten más votos.