Ojalá que los visos de violencia en las campañas electorales, no sólo en Puebla sino en el resto del país, sean una simple casualidad, o parte de la delincuencia que azota al país entero.
¡Vaya resignación, carajo!
Porque de lo contrario, estamos frente al peor de los fenómenos, y a la peor de las temporadas electorales en la historia.
Ni siquiera con los gobiernos del PAN y del PRI, o del PRIAN como ahora lo llaman, se habían registrado tantos eventos violentos en contra de candidatos, o relacionados con asuntos políticos.
Y es que la violencia política que existe en el país -durante el gobierno de Morena- parece incrementarse peligrosamente, incluso en estados que eran considerados como lugares, zonas y/o entidades de paz, de tregua y con menor índices de violencia.
Hoy por hoy, no hay lugar seguro para los candidatos, da igual si se trata de una zona urbana, rural, o si es un lugar de alta plusvalía, o de baja, mediana y alta marginación. Ya ni los candidatos, nuestros futuros gobernantes, se salvan de la delincuencia y de la violencia política.
El crimen organizado, parece ser el responsable de las amenazas, levantones, golpizas o asesinatos en agravio de los candidatos, parece que ni siquiera las autoridades o quienes controlan las distintas zonas del país.
Antes, las elecciones se definían por quién movilizara mejor a su estructura, a su voto duro, a su gente; sin embargo, hoy parecen triunfar los amigos de la delincuencia.
¿Eso estará sucediendo en Puebla?
Apenas hace unos días levantaron y secuestraron al candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a la presidencia municipal de Acajete, Porfirio Lima, quien a la fecha aún no aparece.
Se trata, según la versión oficial, sí de un secuestro por el tema electoral y la disputa entre grupos del rumbo.
De igual forma, Guadalupe Serrano Fuentes, candidata a presidenta municipal de San Salvador El Seco por el PAN, denunció que intentaron asesinarla el fin de semana pasado cuando llegaba a casa de sus padres.
A Lupita Serrano, como la conocen en la zona, a balearon al descender de su vehículo; sin embargo, ninguno de los proyectiles la alcanzó.
Apenas ayer, el yerno de la ex edil priista de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, Edgar Chumacero Hernández, denunció ser víctima de un intento de secuestro en el municipio de Libres, por lo que responsabilizó a Francisco Rodríguez Rivero, presidente municipal de la región.
Trascendió que el ataque fue realizado por sujetos desconocidos a bordo de una camioneta Suburban, mismos que portaban armas AR-15 y quienes lo encañonaron después de haber chocado el vehículo en el que viajaba, además que lo golpearon y arrastraron.
La violencia política ya es una constante, y parece que pudiera hacerse una costumbre si es que nadie hace nada para evitarlo, particularmente el gobierno de la república y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Ya no es extraño ver que los candidatos y candidatas dejan las campañas porque los amenazaron, los secuestraron, los obligaron dejar sus intenciones, o de plano los mataron.
Bien dicen que las elecciones en México están secuestradas por el crimen organizado.
Y si nos vamos a las cifras nacionales las cosas parecen estar peor. Allí están los casos del asesinato de la candidata a presidenta municipal en Guanajuato, o el de Michoacán.
¿Dónde habrá quedado el plan de seguridad para los candidatos, prometido por AMLO?
¿Dónde está la tan famosa guardia nacional del gobierno federal?
En la actualidad, los estados, sus gobernantes, sus autoridades judiciales y sus ciudadanos, se rascan con sus propias uñas.
Nadie olvida, el primero caso, o uno de los primeros asesinatos político-electorales, registrado hace seis meses, el de Antonio Hernández Godínez, precandidato perredista a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, ejecutado en el interior de una tienda de materiales de su propiedad, el 25 de noviembre de 2020.
A ver si no la violencia política se agudiza aún más cuando se conozcan a los ganadores y a los perdedores de la próxima elección del 06 de junio.
Dios nos agarre confesados.
Con la novedad de que Atlixco ya está convertido en todo un cochinero y una mapachera electoral para garantizar el triunfo del candidato y edil con licencia, Guillermo Velázquez Gutiérrez.
Resulta que existen contratos por adjudicación directa en su gobierno, otorgados a empresas antorchistas, grupo político con el que pretende garantizar su permanencia como edil por otros tres años más.
Revisando la Plataforma Nacional de Transparencia, se puede constatar la existencia de un contrato, aprobado a inicio de año, en beneficio de Grupo Bedez S.A. de C.V. -por 24 millones de pesos- para la distribución del combustible que utilizan las unidades oficiales del ayuntamiento de Atlixco.
Lo extraño, es que en el 2020 se contrató a la misma empresa, pero por un monto de 21 millones de pesos, 3 millones de pesos menos para el mismo parque vehicular existente.
Además, no existe contrato relativo a la compra o consumo de combustible de los meses de octubre, noviembre diciembre de 2018 y todo el 2019.
¿Quién destina 24 millones de pesos en gasolina?
Habrá que recordar que, en algunos municipios del estado de México, como Chimalhuacán e Ixtapaluca, y Puebla, tales como Xicotepec, San Martin Texmelucan y Tecomatlán, gobernados por Antorcha Campesina, se han entregado contratos de diversos tipos a empresas de esta agrupación, por más de 500 millones de pesos.
¿Y así quiere Memito ganar la elección?
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