La similitud entre los hechos del 30 de enero de 2010 en Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde perdieron la vida 15 jóvenes en manos de grupos delictivos antagónicos y los de 19 de junio del año en curso en Reynosa, Tamaulipas, donde murieron 15 personas ajenas a la actividad de crimen organizado, va más allá de la cantidad que desafortunadamente es la misma, ya que representa un golpe de realidad y un llamado de atención que indica que la estrategia de seguridad no está funcionando.

Otras coincidencias tienen que ver con que ambos casos merecieron un “manotazo en la mesa” por parte del titular del ejecutivo federal en turno en busca de un control de daños lo más rápido posible mientras se enfrían los ánimos.

Un detalle no menos relevante y que tampoco ayuda es que en ambos casos el gobernador del estado y el presidente de la República no son del mismo partido político. En 2010 el gobernador de Chihuahua era el priísta José Reyes Baeza Terrazas, mientras que el presidente de la República era el panista Felipe Calderón. En 2021 el gobernador de Tamaulipas es el panista Francisco García Cabeza de Vaca y el presidente de la República es el morenista Andrés Manuel López Obrador. En cuanto a los presidentes municipales, en 2010 en Ciudad Juárez gobernaba el panista José Reyes Ferriz y hoy en Reynosa lo hace la panista Maki Ortiz Domíngez.

El caso de Salvárcar marcó el inicio de una nueva etapa en la estrategia de seguridad del gobierno federal bajo el programa “Todos somos Juárez”, que en menos de dos años de trabajo integral y coordinado bajo el modelo de “Mesa de seguridad” y otras mesas temáticas en materia de salud, economía y educación, permitieron resolver el problema de la violencia y devolver a los juarenses un clima de seguridad y tranquilidad similar al prevaleciente previo a los lamentables hechos antes mencionados.

Tan trascendente fue el modelo de “Mesa de seguridad” que el primer Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana no solo lo copió para sus “Mesas de coordinación/seguridad para la construcción de la paz”, sino que realizó su primer foro en la materia de seguridad en Ciudad Juárez, teniendo como anfitriones a los actores que desde la sociedad hicieron posible que en 2010 se resolviera el problema de violencia, y como invitado al entonces presidente electo López Obrador.

Veremos cuál es la respuesta del gobierno de la República a este problema más allá de la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República, que lo hizo más porque fue una orden presidencial que porque fuera su deseo sumarlo a sus múltiples tareas.

Entre todas las similitudes antes descritas hay un dato que lo hace diferente y tiene que ver con la forma en que los agresores dispararon a sus víctimas, la cual no tiene precedente alguno y abre la posibilidad de que en cualquier lugar y en cualquier momento las  personas corran el riesgo de ser asesinadas sin motivo aparente, iniciando así una etapa de acciones de tipo terrorista. Este nuevo patrón de comportamiento es el que debe preocupar al gobierno y a la sociedad ya que es distinto a los tan criticados daños colaterales de la “guerra de Calderón”, que esta vez fueron superados.

Será que en esta ocasión tendremos una respuesta mejor que la de Felipe Calderón en 2010, cuando acudió personalmente a Ciudad Juárez junto con su gabinete a atender a las víctimas en un evento plagado de reclamos y de insultos que a la postre se tradujeron en resultados concretos, entre ellos un descenso del 85% en los homicidios dolosos,  50% en las extorsiones y cobro de piso y 100% en materia de secuestro, todo en menos de dos años de trabajo coordinado por la Policía Federal, sí esa que según el titular del ejecutivo “se echó a perder” y por eso la desapareció para dar paso a la Guardia Nacional. No obstante su extinción, su memoria y su legado prevalecerán en cada “Mesa de seguridad/coordinación para la construcción de la paz” que se realice en las 32 entidades federativas y 266 coordinaciones regionales del país.

Una visita pronta a Reynosa y un programa integral es lo menos que se puede esperar de un gobierno que durante casi 3 años de gestión le ha dado la espalda a las víctimas. Es la hora de demostrar de qué están hechos los hombres y mujeres que rodean al presidente de la República, la mayoría con un perfil de 90% honestidad y 10% experiencia.

Ojalá ahora si las autoridades federales dejen de culpar al pasado o a sus adversarios políticos y mejor se pongan a trabajar y nos sorprendan con resultados concretos como los de Ciudad Juárez en 2010 tras los hechos de Villas de Salvárcar, de los cuales por cierto muy pocos se acuerdan.

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