En sesión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LX Legislatura del Congreso del Estado se aprobó por unanimidad el Dictamen con Minuta de Decreto para adicionar el artículo 474 Quater, al Código Penal del Estado.
La finalidad de la Iniciativa es establecer sanciones de uno a cuatro años de prisión y de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al que posea o tenga en propiedad un espacio para sacrificio o faenado de uno o más animales de abasto, de forma clandestina, además de imponerle la clausura del inmueble.
Así como a quien realice el sacrificio o faenado de animales de abasto sin realizar métodos de insensibilización, exceptuando a quien realice la ganadería de autoconsumo, explicaron las diputadas preopinantes de la Iniciativa, María del Carmen Cabrera Camacho y Olga Lucía Romero Garci Crespo.
#Política I Aprueba Comisión del @CongresoPue reformas al Código Penal, para sancionar con prisión a quien tenga o maneje rastros Clandestinos. pic.twitter.com/NeOyK6w3Gc
— Síntesis Puebla (@sintesisweb) July 14, 2021
En sus intervenciones, las legisladoras puntualizaron que la Iniciativa fue formulada a través de mesas de trabajo, con la participación y aportaciones de especialistas de la Secretaría de Salud, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado e integrantes del Instituto de Bienestar Animal.
Al hacer uso de la palabra, la diputada Rocío García Olmedo hizo un llamado para que se manden las Iniciativas con mayor tiempo para poder realizar el análisis respectivo, asimismo cuestionó si el ordenamiento legal tiene la competencia de establecer clausuras de los establecimientos.
Por otra parte, las y los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobaron por unanimidad el Dictamen con Minuta de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado.
El objetivo del Dictamen es actualizar las sanciones de tipo penal de acoso sexual, armonizándolas con el Código Penal Federal, y ampliándola a espacios públicos comunitarios, de libre acceso o en el transporte público, con la finalidad de dar mayor seguridad a las poblanas. Así como incrementar las penas relacionadas con el abuso sexual infantil.
Se establece prisión de seis a 10 años y multa de 200 a 400 Unidades de Medida y Actualización, si el sujeto pasivo es mayor de 14 años y el delito se cometió sin su consentimiento o con su consentimiento viciado. Si el sujeto pasivo fuera menor de 14 años la sanción será de seis a 13 años de prisión, señaló la diputada Mónica Lara Chávez.
La Iniciativa fue apoyada por la diputada Rocío García Olmedo, quien realizó propuestas reformatorias al Dictamen.
La propuesta legislativa fue formulada con las Iniciativas de las diputadas Rocío García Olmedo, Estefanía Rodríguez Sandoval y Mónica Lara Chávez.
En otro punto del orden del día, las y los integrantes del órgano colegiado aprobaron por mayoría de votos, el Dictamen con Minuta de Decreto para reformar la denominación de las Secciones I y II del Capítulo XI, y los artículos del 101 al 117 de la Ley Orgánica Municipal.
La Iniciativa tiene como propósito actualizar la figura de Plan de Desarrollo Municipal, para que quede como Plan Municipal de Desarrollo, alineándola a la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla y a la Agenda 2030.
También se propone sustituir el Consejo de Planeación por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y fortalecer la figura jurídica de la evaluación, que permita generar políticas públicas coordinadas para mejorar el desarrollo, puntualizó la diputada preopinante de la Iniciativa, María del Carmen Cabrera Camacho.
Durante la discusión de este punto, la diputada Rocío García Olmedo propuso revisar el Dictamen para que en la conformación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal se mantenga la figura de suplentes, así como mantener la conformación de los Consejos de Participación Ciudadana.
Finalmente, las y los diputados aprobaron por mayoría de votos el Dictamen con Minuta de Decreto para reformar el artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, en materia de Derecho de Petición y Participación Ciudadana.
El propósito es generar mejores condiciones administrativas para la promoción del derecho de petición, especialmente a través de las plataformas digitales en el Poder Judicial del Estado, explicó el diputado preopinante de las Iniciativas, Marcelo García Almaguer.
En la sesión de la Comisión también participaron las y los diputados, Eduardo Gandur Islas, y Abundio Sandre Popoca.
