En su reciente gira por el vecino estado de Veracruz, el titular del ejecutivo federal adelantó que la Guardia Nacional tendrá un presupuesto adicional de 50 mil millones de pesos, para terminarla de consolidar hacia finales de 2023.
Lo que no dijo fue cuáles van a ser los indicadores cuantitativos y cualitativos para medir la eficiencia de la flamante corporación “civil” que tiene todo menos civiles entre sus mandos y también entre sus cuadros, ya que hasta ahora la única ecuación que conocemos es que a más elementos y más recursos son igual a más homicidios dolosos y más violencia.
Entre lo poco que mencionó el presidente de la República destaca que en 2023 la GN habrá logrado su máximo nivel de crecimiento, que sus integrantes se habrán profesionalizado, que tendrán salarios justos y prestaciones sociales acordes a su responsabilidad y además tendrán construidas todas sus instalaciones, sin reparar que se trata de indicadores de proceso que no representan avance cuantitativo alguno ya que no por haberlos cumplido en automático disminuirán los delitos y se conseguirá la paz, a lo mucho tendrán más elementos y cuarteles donde dar abrazos a quien se los pida, sin importar la actividad que realicen.
Volviendo al tema de los recursos económicos, habrá que tomar en cuenta que en 2021 el presupuesto para la GN fue de 35 mil 671 millones de pesos, por lo que la cifra anunciada por primer mandatario (50 mil millones de pesos) representa un 140% adicional, algo verdaderamente excepcional y hasta desproporcionado.
Si la lógica no falla, con más del doble de recursos y 5 veces más elementos que la extinta Policía Federal, esa a la que López Obrador acusa de ineficiente y podrida porque no hay a nadie más a quien culpar, los homicidios dolosos, feminicidios y todos los demás delitos eran significativamente menores, por lo que con más recursos deberían disminuir en por lo menos un 85% hacia el 2023, sin embargo todo parece indicar que al concluir 2021 los delitos totales habrán rebasado los 2 millones, cifra similar a 2019 y superior a 2020, cuando la pandemia hizo lo que la GN y demás autoridades no pudieron, disminuir la incidencia delictiva y mejorar la percepción de inseguridad.
En el mejor de los casos la incidencia de homicidio doloso y feminicidio se habrán estabilizado, pero de ahí a que se logre el ya famoso “punto de inflexión” en estos delitos aún estamos muy lejos y me temo que si sólo se apuesta a la atención de las causas del delito, así como más abrazos a los generadores de violencia, veremos pasar éste y el siguiente sexenio para apenas empezar a ver la luz al final del túnel.
Vale la pena recordar que con corte al día de ayer, el número de homicidios dolosos y feminicidios cometidos en lo que va de la actual administración asciende a 93 mil 346 víctimas, resultado de la suma de 89 mil 30 homicidios dolosos y 2 mil 550 feminicidios contabilizados hasta junio de 2021, más otras 1,766 víctimas registradas del 1 al 23 de julio por el Gabinete de seguridad del gobierno federal. A éstos casos habría que agregar los que se acumulen entre sábado y domingo, que deben rondar las 150 víctimas por lo menos.
Por más odiosas que sean las comparaciones es necesario recordar que en el mismo lapso del sexenio de Vicente Fox se llevaban registrados 35 mil 708 homicidios dolosos, en el de Felipe Calderón 33 mil 347 casos y en el de Enrique Peña Nieto 45 mil 494 víctimas, es decir que el más cercano “competidor” estaba a la mitad de los que se llevan en la administración de López Obrador.
Quizá a eso se deba que quien más homicidios y feminicidios lleva en su haber va a someter a “juicio” a los que tuvieron menos víctimas que él y por eso recurre a la “consulta popular”, como si de vender naranjas se tratara, el que vende más somete a los que venden menos.
Pase lo que pase después de la consulta y al terminar el sexenio, disponer de más del doble de presupuesto abre la posibilidad de dar más abrazos, sin importar que se sigan acumulando las víctimas de homicidio doloso y feminicidio, finalmente esos ya serán los muertos de López Obrador.
Un apunte final, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI de junio de 2021, la confianza en la Guardia Nacional bajó de 78.8% a 76.8%, en tanto que su desempeño efectivo disminuyó de 75.1% a 74.1%, en sentido inverso a su presupuesto.
