Son tres, o más, los casos que retratan la opacidad y simulación de Morena como gobierno, y como un promotor de un supuesto cambio que nunca llegó, ni existió en comparación con los gobiernos del pasado que tanto aborrecen sus líderes.

Casos, hay que subrayarlo, que ponen en evidencia la falsa cuarta transformación que tanto cacarean, presumen y de la que hacen alarde.

El primero de ellos, es la pasividad, paciencia y mañoso trato que Morena le está dando al proceso para desaforar al diputado Saúl Huerta Corona, acusado de abusar de un menor de edad, su asistente, en un hotel de la Ciudad de México (CDMX).

A los diputados de Morena les ha valido gorro, incluido Ignacio Mier Velasco, el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, que el tema avance a paso de tortuga.

Habrá que recordar, incluso, que fue el mismo Ignacio Mier quien desdeñó -a bote pronto- el proceso contra su compañero de bancada y de partido, quien horas antes había intentado abusar del menor de edad drogándolo.

Incluso, sostuvo que eso era una cuestión personal de la que no podía opinar.

Hasta el momento, no hay acuerdo alguno entre las dos cámaras del Congreso de la Unión, la de Senadores y Diputados, para realizar un periodo extraordinario a fin de proceder a ejecutar el desafuero de Saúl, y el de Mauricio Toledo Gutiérrez, un diputado del PT, partido aliado de Morena, al que se pretende, según, desaforar por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como delegado en Coyoacán, y por haber falsificado sus documentos de residencia.

Pregunto, ¿se protege a un pederasta y a un estafador?

¿Y los diputados de izquierda, protectores de las clases desprotegidas y de las casusas nobles, promotores de la 4T, dónde carajo están?

No imagino la sarta de ofensas, acusaciones, mentadas y toda clase de improperios que hubiesen lanzado los seguidores de la 4T si ambos diputados hubiesen sido del PRI, del PAN, del PRD, o de algún otro partido.

Hasta se habría organizado una mega marcha para exigir su desafuero y la cárcel para ambos.

Pero no, señor, como los agresores son de los suyos le están dando largas a sus asuntos para tratar de salvarlos, recurriendo a la desmemoria de los ciudadanos.

El segundo de los casos, el cual sigue poniendo las leyes del país en entre dicho, es el de la periodista y escritora Lydia Cacho Ribeiro, detenida, torturada y encarcelada por el ex gobernador Mario Marín Torres, “el gober precioso”, a petición del empresario textil Kamel Nacif Borgue, apodado “el rey de la mezclilla”.

No es posible que a estas alturas del gobierno en México, el que favorece a los pobres y desvalidos, ni a Lydia Cacho haya podido hacerle justicia.

¿Y la mentada disculpa pública que se le ofrecería?

¿Qué se necesita para que el gobierno de la república actúe y aplique todo el peso de la ley contra los agresores y abusadores de una de las mejores periodistas del país?

¿Estarán esperando que la maten, o que chingados?

El amparo otorgado a Kamel Nacif, por el Tercer Tribunal Colegiado del estado de Quintana Roo es una verdadera corona a la corrupción, ya que muestra que el poder económico sigue pervirtiendo la ley.

Y el tercero, y último, de los casos, es que a pesar de las cientos de acusaciones lanzadas por los gobiernos de Morena en contra de los ex funcionarios corruptos del pasado ningún pez gordo ha caído en la cárcel.

A nivel nacional, sólo Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Sedatu, es quien permanece encerrada y tras las rejas por haber encabezado la “estafa maestra”, por la que se habrían desviado alrededor de 15 mil millones de pesos del erario.

Ni siquiera Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, quien enfrenta 6 denuncias por corrupción política y un desvío de recursos multimillonario está encarcelado.

Los gobiernos de Morena se la han pasado acusando a medio mundo de todo, perdiendo el tiempo de su gestión utilizando una supuesta lucha contra la corrupción como bandera política, pero sin detener a los ex poderosos o culpables de sus dichos.

El próximo domingo se llevará a cabo una disque consulta popular –de más de 500 millones de pesos- para preguntarle al pueblo si se enjuicia a los expresidentes que han saqueado al país, mediante un proceso lleno de irregularidades y anomalías, y fuera de la ley.

¿Y aún no todos logran ver que la corrupción y la impunidad también viven, en la 4T?

Que es parte de ellos.

Que barbaros.

poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo

Facebook: Alfonso González

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