El próximo 15 de septiembre y emulando a Miguel Hidalgo y Costilla, quien la madrugada del 16 de septiembre de 1810 liberó a los presos que se encontraban en la cárcel de Dolores, Hidalgo y los invitó a sumarse a su movimiento de la independencia de México, el presidente de la República liberará por decreto a personas que reúnan uno o más criterios de un total de 4 que presentará ésta semana a través de la Secretaría de Gobernación.
Lo anterior con la finalidad de reponer su propuesta de Ley de Amnistía impulsada en septiembre de 2019, la cual no logró sacar a ninguna persona privada de la libertad (término con el cual se identifica a los internos de los penales en el Nuevo Sistema de Justicia Penal).
Es decir que no es la primera vez que López Obrador aprovecha este tipo de coyunturas para tratar de emular al pasado y así ir construyendo su propia historia para hacer realidad su slogan de campaña permanente «Juntos haremos historia».
La vez pasada lo hizo en la víspera del 15 de septiembre de 2019 pero se quedó con las ganas de verse como el Miguel Hidalgo del siglo XXI.
Volviendo al decreto próximamente a dará a conocer, las personas que obtendrán su libertad serán aquellas con más de 10 años presos sin haber recibido sentencia alguna; internos con más de 75 años de edad detenidos por delitos no graves, reos mayores de 65 años que padezcan enfermedades crónicas y presos que mediante el Protocolo de Estambul se compruebe que hayan sido torturados.
Sin embargo en los hechos lo que en realidad López Obrador busca es liberar a «los presos de Calderón», que son los que por temporalidad caen en ese rango, con la finalidad de seguir culpando al pasado de lo que no ha sido capaz de resolver y el tema de «los muertos de Calderón» no solo lo alcanzó, sino que lo rebasó.
El universo estimado a nivel nacional de PPL que reúnen uno de estos criterios y que podrían obtener su libertad es de 12 mil, sin embargo lo difícil va a ser destrabar los aspectos jurídicos que no dependen del poder ejecutivo federal sino del poder judicial de la federación para empezar.
En el estado de Puebla el número de PPL que podrían reunir los requisitos no rebasa las mil, pero para que estos obtengan su libertad no va a ser tan sencillo, algo así como apagar y prender la luz de la libertad, ya que será un trámite largo y engorroso.
Me temo que en esta ocasión, como en 2019, se va a quedar con las ganas o en el mejor de los casos solo podrían obtener su libertad las PPL que ya se encuentran sentenciadas y reciban el indulto por parte del poder ejecutivo, tanto a nivel federal como estatal.
Uno de los cuellos de botella va a ser la aplicación del Protocolo de Estambul para aquellas PPL por delitos del fuero federal que aleguen tortura al momento de su detención o previo a su declaracion o ratificación ante el juez de control, ya que en el gobierno federal y con mayor razón en entidades federativas como Puebla carecen de peritos capacitados y certificados para llevar a cabo dicho Protocolo. La única instancia que cuenta con un número considerable de de este tipo de peritos es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero son insuficientes, por lo que no va a ser fácil saber si fueron torturados o no.
En el mejor de los escenarios aplicar todas las baterías que contempla el citado Protocolo se llevaría entre uno y dos días por víctima, lo cual lo hace aún más complicado.
En síntesis, el discurso y los buenos deseos no avanzan a la misma velocidad que la aplicación de los protocolos e incluso la revisión de los candidatos a obtener su libertad.
Si bien le va, antes del 15 de septiembre habrán obtenido su libertad unas cuantas PPL, que curiosamente podrían guardar similitud con la cantidad de presos que liberó el cura don Miguel Hidalgo aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810, justo en el momento en que inició su movimiento de independencia, considerado la 1a. Transformación.
