Hacia finales de julio de 2019 al revisar el avance de cumplimiento del acuerdo migratorio el canciller mexicano, Marcelo Ebrard y el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, un tema que salió a relucir fue el referente al tráfico de armas y la necesidad de atenderlo desde una perspectiva binacional.
Dos años después el mismo canciller mexicano y el nuevo secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Alejandro Mayorkas se vuelven a reunir pero ahora el tema de las armas de fuego prácticamente sale de la agenda debido a que la llegada de migrantes al vecino país del norte es la prioridad número uno en la relación bilateral, al triplicarse las detenciones al otro lado de la frontera de México.
Si bien no se trató de un jalón de orejas al gobierno mexicano estuvo muy cerca ya que el despliegue de la Guardia Nacional no ha sido capaz de contener el flujo migratorio que cada día se muestra más incontenible.
Tan es así que el gobierno de los Estados Unidos mandó a uno de sus funcionarios de primer nivel y previo a su llegada la vicepresidenta Kamala Harris habló con el presidente de la República ofreciéndole como dulce 3.5 millones de vacunas al gobierno de México sin condicionar a que sean aplicadas en la zona fronteriza.
Una de las razones por las cuales el tema de armas de fuego no ocupó un espacio importante dentro de la agenda es porque el gobierno de México interpuso una demanda en contra de 9 firmas productoras de armas de fuego en los Estados Unidos y lo mejor para ambos países es que corra por rutas paralelas pero que no se toquen por el momento.
Cabe precisar que ante el incremento de la violencia homicida en México, autoridades federales de nuestro país interpusieron una demanda ante la Corte de los Estados Unidos en contra de 9 firmas productoras de armas de fuego, acusándolas de negligencia por facilitar el tráfico ilícito y detonar así la violencia en el país.
Dicho en otras palabras, las acusa de vender sus productos a personas vinculadas a la delincuencia sin verificar sus antecedentes, por lo que de manera indirecta son las responsables de la violencia en México, ya que en promedio el 70% de los homicidios dolosos se cometen con armas de fuego.
Una primera respuesta de las empresas demandadas fue que el gobierno mexicano es “responsable de la violencia desenfrenada” y no ellas.
No es la primera vez que las autoridades federales que enarbolan la 4T buscan culpables en otra parte y no en su propio gobierno; primero culparon a las administraciones pasadas y en particular la extinta Policía Federal de no haber hecho nada para evitar que las armas fueran a parar a manos de los delincuentes, pero al ver que los aseguramientos de este tipo de artefactos fueron mayores en el sexenio de Felipe Calderón que en el Enrique Peña Nieto y de López Obrador, mejor se fueron a buscar culpables a Estados Unidos.
Si bien la demanda a los fabricantes no se resolverá el problema en los próximos meses, dado el peso político que tienen dichas empresas derivado de la enmienda que permite a los estadounidenses adquirir y portar armas de fuego para su defensa personal, por lo menos abrirá la discusión que bien podría llevarse lo que resta del sexenio y así por lo menos tendrá a quien echarle la culpa y justificarse si los resultados en materia de seguridad no llegan. No está mal la iniciativa, solo que no se puede apostar únicamente a este tipo de medidas y por el otro lado seguir con la política de “abrazos, no balazos”.
Lo único cierto hasta hoy es que en materia de armas de fuego ilegales circulando en el país, se sabe muy poco, ya que la mayoría de los estudios parten de evidencia empírica y distan mucho de lo que pasa en la realidad. Quizá los más cercanos son los aseguramientos de armas de fuego y municiones en los últimos 3 sexenios, en los que claramente el más productivo fue el de Felipe Calderón, aunque esto genere incomodidades.
Entre los estudios existentes sobresale uno elaborado por la Cámara de Diputados en abril de 2018, el cual estima que en el país circulan sin control 12 millones 750 mil armas de fuego, mientras que las registradas ascienden a únicamente 2 millones 250 mil, para hacer un total de 15 millones de armas.
Además, en junio de 2019 la página de la organización gunpolicy.org reportó que en México existen 10 millones 500 mil armas sin registro y 3 millones 100 mil con registro, dando un total 13 millones 600 millones de armas.
Si bien estas cifras difieren por 1 millón 400 mil armas, dan una idea sobre el tamaño del “mercado ilícito” que nutre a los grupos criminales que cotidianamente cometen delitos como el homicidio doloso, feminicidio, secuestro, cobro de piso, tráfico de drogas y robo en sus diversas modalidades.
En conclusión, hace falta hacer más estudios y dar mejores resultados al respecto al respecto antes de buscar culpables en otro lado, así estén dentro de territorio mexicano o en los Estados Unidos.
