Ojalá que la gran expectativa que se ha formado en torno a la LXI Legislatura del Congreso del Estado -otra vez con mayoría de Morena- esta vez sí prospere y se transforme en realidad, para beneficio de los ciudadanos.
Porque, francamente, el trabajo de las pasadas legislaturas, y sus 41 diputados, ha dejado mucho que desear, incluida la LX.
Podría decir, incluso, que no ha sido efectivo en términos reales.
Por algo la imagen de nuestros flamantes diputados, de entre todos los servidores públicos, no es muy buena entre la opinión pública.
De allí estriba la importancia de la distribución y el reparto de las comisiones en el actual Poder Legislativo, el cual resulta un botín político y económico para todos los partidos y sus diputados.
Sobre todo para la bancada con mayoría (la de Morena), la que controla ahora el Congreso local a través del diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien es el encargado de la productividad, de dar cauce y del buen camino de los diputados.
El caso es que ayer, durante las negociaciones para el reparto de las comisiones de la LXI Legislatura, la bancada que representa a la 4T se agenció dos de las más importantes: la Inspectora de la Auditoría Superior del Estado y la de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La primera, quedó, nuevamente, en manos de la diputada morenista Olga Lucía Romero Garci Crespo; y la segunda, en poder de Mónica Silva Ruiz, esposa del titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Sánchez.
Hasta allí no habría ninguna sorpresa en torno al jaloneó por las comisiones; sin embargo, el caso de la diputada Olga Romero y la Comisión Inspectora resultan sorprendentes, pues ella también es responsable de que el Poder Legislativo haya perdido mil 449.4 millones de pesos por sanciones no cobradas a 41 ex funcionarios.
Esto, debido a que los sujetos observados y sancionados ganaron un juicio al Poder Legislativo, revirtieron los cargos que les hizo la Auditoría Superior del Estado (ASE), fallecieron o, en todo caso, sus procesos prescribieron.
Esta investigación, la cual ya fue publicada en Reto diario, evidencia el deficiente trabajo realizado, al menos, por la diputada que repite como presidenta de la comisión Inspectora, quien incluso firmó el cierre de los procesos iniciados a 50 sujetos obligados.
La revisión de los casos se dio durante las LVIII (2011-2014) y LIX (2014-2018) legislaturas, los cuales el 6 de julio de 2021 llegaron a su fin con una votación en comisiones y en el pleno del Congreso por parte de los ex diputados.
Los decretos de los citados casos fueron publicados entre el 21 de julio y el 9 de agosto en el Periódico Oficial del Estado.
Y aunque algunos casos prescribieron, otros se anularon por haber sido justificados ante la ASE, y otros fueron desaparecidos por el fallecimiento de los implicados, lo cierto es que los ex legisladores debieron informar o realizar acciones para tratar de activar y cobrar las sanciones interpuestas.
Empero, la LX Legislatura se dedicó únicamente a darle trámite y, prácticamente, carpetazo a los asuntos, cuando debió evitar hacerla sólo de espectador en los distintos casos.
Más aún cuando Morena y la 4T están indagando y sancionando todo lo referente a los malos gobiernos, a las prácticas corruptas para condonar sanciones económicas, sobre todo si son millonarias, y para exhibir lo que el Prian, como le llaman a las gestiones de gobierno del PAN y el PRI, hicieron en el pasado.
Por cierto, en la repartición de las comisiones, las designaciones que parecen más congruentes, lógicas y de las que se espera un trabajo de gran beneficio para los poblanos son las de Hacienda y Patrimonio Municipal, que presidirá el diputado priista Jorge Estefan Chidiac; y la de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, que encabezará el diputado del Verde, Jaime Natale Uranga.
Así que esperemos que esta vez los diputados encargados de la fiscalización y de sancionar a quienes desfalcaron las arcas públicas, no se hagan patos y cumplan bien su trabajo.
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