Ojalá que la grave crisis que ahoga y agobia a la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) haya terminado con la resolución final del Juez 24 Civil de la Ciudad de México, quien acató, por fin, la suspensión de amparo que obliga a liberar la institución.
Y lo más importante: ojalá que las instalaciones de la institución, luego de haber permanecido tomadas por más de 4 meses, sean entregadas hoy mismo para que la crisis se vaya tan pronto como llegó.
Crisis, hay que decirlo, que dañó y tiró al suelo la reputación de una de las universidades más importantes del estado y del país.
Crisis que afectó, particularmente, a sus estudiantes, académicos, trabajadores, padres de familia y finanzas de la Udlap y la Fundación Mary Street Jenkins, porque las clases se suspendieron totalmente hasta la fecha.
Crisis que mantienen en el olvido las instalaciones de la propia universidad, las cuales se encuentran abandonas, sucias y en mal estado.
Crisis que generó un pleito legal y familiar, en el que se inmiscuyeron terceros, -sin precedentes- el cual suspendió las actividades comerciales de todo el entorno de la institución, particularmente el estudiantil y el comercial.
Crisis que, además, le generó un problema innecesario al gobierno del estado, a quien se acusó directamente de estar detrás del grupo que irrumpió por la fuerza e ilegalmente, apoyado por la policía estatal, al campus de la Udlap para apoderarse de sus instalaciones.
Crisis que provocó el aseguramiento de las cuentas bancarias de la fundación y de la Udlap, las cuales, por cierto, ya, también, debieron haber sido liberadas.
Crisis que permitió el supuesto nombramiento como rector de la universidad de Armando Ríos Piter, conocido en el ámbito político como “El Jaguar”, lo que queda como una total ilegalidad ya con el resolutivo del Poder Judicial de la Federación.
En resumen, el efecto del amparo promovido por la familia Jenkins de Landa le dio la razón a la Fundación Mary Street Jenkins, parte que ganó el pleito.
Por tanto, la orden del Juez exige al patronato de la Fundación de la Américas entregar cuanto antes las instalaciones de la Udlap, además que establece los siguientes efectos irreversibles, tal cual están plasmados en el documento:
1) Declaró y por tanto ejecutó, dejar sin efecto las medidas cautelares que propiciaron la ilegal incursión con policías estatales en la Universidad para devolver el campus al único patronato legítimo de la UDLAP, que preside Margarita Jenkins de Landa.
2) Confirma que se levanta el aseguramiento de cuentas bancarias que fueron intervenidas en diversas instituciones para reintegrarse a sus legítimos usuarios (Fundación de la Universidad de las Américas Puebla).
3) Ordena que el campus universitario sea materialmente devuelto de manera inmediata a través del juez local en Cholula, mismo que intervino en la toma de las instalaciones, sin dilación alguna.
De paso, el comunicado enviado por la Fundación Jenkins a los medios de comunicación acusa la intervención y persecución del estado, además que lo responsabiliza del retraso educativo de su comunidad en el conflicto.
El informe de la Fundación Jenkins imputa, a “litigantes sin escrúpulos”, el haber intentado apropiarse del patrimonio privado, aunque reconoce que “fracasaron en su oscuro propósito, por lo que serán llamados a asumir su responsabilidad”.
Sin embargo, la liberación del campus de la Udlap depende en buena parte del gobierno del estado, y de que los elementos de seguridad que aún resguardan las instalaciones las entreguen tal como las tomaron.
En el mismo comunicado, la Fundación Mary Street Jenkins convocó a estudiantes, padres de familia y trabajadores a que asistan a la reapertura de las instalaciones de la universidad, la cual se debería llevar a cabo hoy mismo.
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