Tras la incorporación de la Coordinación Nacional de Protección Civil a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al inicio de la actual administración, pero con mayor claridad después de la salida de su titular David León Romero tras el escándalo de los videos en los que aparecen involucrados los hermanos del presidente de la República, dicha instancia dejó de tener un papel relevante en materia de prevención y atención de desastres naturales y siniestros de alto impacto, como las explosiones de ayer en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán del municipio de Puebla.
Solo así se entiende que la primera en llegar al lugar de los hechos haya sido Protección Civil municipal acompañada de su homóloga del gobierno del estado, cuyos elementos atendieron la explosión y se coordinaron con las áreas de seguridad pública municipal, estatal y federal para evacuar a la población y salvaguardar sus pertenencias.
Por parte de la federación, los que hicieron acto de presencia fueron los elementos de la Guardia Nacional, quienes en teoría absorbieron algunas facultades de Protección Civil del gobierno federal pero lo hicieron en su calidad corporación de policía y no de instancia articuladora del esfuerzo nacional en la materia. Cabe precisar que si algunos de ellos portaban el brazalete con la leyenda Plan GN se debe a que han estado atendiendo el tema de la vacunación contra el Covid-19 y no este tipo de siniestros en particular.
No cabe duda que lo que se avanzó en pasadas administraciones en materia de Seguridad Nacional y Protección Civil, como la integración del Grupo de Coordinación para la atención de Instalaciones Estratégicas (GCIE) y los preparativos para el gran terremoto que podría sacudir al país en los próximos años, se fue al bote de la basura en el momento mismo que David León apareció entregando dinero en efectivo a los hermanos del titular del ejecutivo federal, porque después de su protagonismo ya nada fue igual.
Desde ese momento el tema de Protección Civil pasó a un segundo plano y parte de sus atribuciones se trasladaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin embargo ante la dificultad de separar sus funciones de las de la Secretaría de la Defensa Nacional por compartir un alto número de elementos en campo, todo volvió a quedar a cargo de las fuerzas armadas a través del Plan DN III E.
Lo que tampoco ha funcionado como se nos ha querido hacer creer es la coordinación entre las áreas encargadas de la seguridad física de Pemex y el Ejército mexicano para vigilar la infraestructura y combatir el robo de gasolina y gas, ya que este delito no ha disminuido más allá del discurso oficial.
Tan no ha funcionado que las tomas clandestinas en ductos que transportan gasolina se ha mantenido en los mismos niveles de 2018 a la fecha. En 2018 en Puebla se registraron 2 mil 72 tomas clandestinas, mientras que en el primer semestre de 2021 ya se llevaban contabilizadas 1,081, lo cual indica que si no sucede algo extraordinario, el año estará cerrando en más de 2 mil 100 tomas.
En el caso del robo de gas LP, las cosas están peor y explican en parte la tragedia de San Pablo Xochimehuacán, ya que este delito han crecido exponencialmente de 2018 a la fecha sin que nadie haga algo serio para evitarlo, las autoridades locales porque no tienen las atribuciones ni las capacidades técnicas y humanas, mientras que las autoridades federales las tienen pero no quieren aplicarlas porque choca con el discurso de abrazos, no balazos.
En el caso de Puebla, su secretaria de Gobernación lo sabe muy bien porque antes de llegar al gobierno del estado estuvo a cargo de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación Civil en los tiempos de Felipe Calderón.
Pero volviendo al robo de gas LP, en 2018 se registraron únicamente 64 tomas clandestinas en ductos que transportaban este tipo de hidrocarburo, para 2019 la cifra subió a 916; en 2020 el número de tomas se fue a 1,639 mientras que en el primer semestre de 2021 la cifra ya era de 846, lo cual indica que al cierre de 2021 la cantidad de tomas clandestinas habrá superado las registradas en 2020.
No obstante esta numeralia, la narrativa del presidente de la República indica que el robo de gasolina ha disminuido en un 95%, lo cual solo sucede en su cabeza porque la realidad es totalmente distinta y si no lo creen, pregúntenle a los vecinos de Xochimehuacán que perdieron sus hogares, sus pertenencias y su tranquilidad.
En cuanto a la reacción de las autoridades locales y federales, no está mal que se indignen, lamenten lo sucedido y anuncien que indemnizarán a las víctimas y reconstruirán las casas dañadas, pero ya es hora de que hagan algo para evitar que este tipo de tragedias se vuelvan a repetir, en particular el jefe de Estado.
