BIEN Y A LA PRIMERA
Omar Espinosa
Es la falta de contenido en la radio concesionada o permisionada de nuestro país, lo que genera el nacimiento de otras frecuencias que operan al margen de la ley, pero que en ocasiones logran captar mucho más la atención de públicos y audiencias, ávidas por escuchar nuevas propuestas auditivas.
Según la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), en nuestro país hay al menos 260 frecuencias de las llamadas “pirata” que son todo un reto para la regulación del espacio radiofónico y donde el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) enfrenta un gran reto, pues muchas de esas estaciones son instaladas no solo por personas físicas o radioaficionados, sino también por grupos que operan en la clandestinidad.
La realidad es que muchas de ellas están bajo el auspicio de grupos delincuenciales, el narcotráfico o hasta de partidos políticos que aprovechan la falta de aplicación normativa que por siempre han demostrado las autoridades en competencia, como la Fiscalía General de la República (FGR) y sus consecuentes oficinas en los estados, así como del propio IFT, quienes no hacen valer la Ley para desmantelar a quienes operan sin permiso alguno.
Y es que se requiere una inversión de entre 2 mil y 120 mil pesos para la adquisición de equipo técnico, transmisor, instalación de cabinas y oficinas para comenzar a transmitir al aire, tal cual como si fuera una estación comercial, cultural o comunitaria que en su momento hubiera realizado la tramitología necesaria, pagado sus derechos y en general cumplir con todos los requisitos oficiales y legales necesarios.
Más allá de la competencia desleal que se presenta cuando alguien instala una estación de radio “pirata”, el problema radica en el uso que también se da a las frecuencias, donde incluso se pueden ofrecer mensajes subversivos o de cualquier otra índole que puedan atentar con la moral, la paz social, seguridad y tranquilidad de quienes sintonicen las frecuencias. De ahí que el reto de las instituciones del Estado es aún mayor, pues de no controlarse, podría convertirse en un asunto de interés general.
El concepto del interés general es central en debates políticos, económicos y sociales, en particular aquellos acerca de servicios, reglamentos y leyes de orden público, discusiones acerca de intervención estatal en asuntos económicos (tal como expropiaciones y nacionalizaciones) y sociales (tales como los relacionados con asuntos de explotación social, derechos sociales, seguridad social e industrial, discriminación, etc.).
Así es como el uso de los espectros radiales de nuestro país, pueden convertirse en un conflicto social.
Tan solo en Puebla y Tlaxcala, la CIRT tiene registradas 82 y 3 estaciones ilegales respectivamente, mismas que han sido denunciadas en su oportunidad ante el órgano regulador, pero que siguen operando con total impunidad, pues muchas de las estaciones sugieren ser operadas por grupos de delincuencia organizada que sin duda, rebasa a las instituciones del Estado.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), establece que el IFT, tiene la facultad para identificar a personas que utilizan el espectro radioeléctrico sin permiso o de forma ilegal e involucra una serie de acciones y procedimientos sancionatorios, como son el aseguramiento, decomiso y pérdida de bienes asegurados, así como sanciones económicas que van de los 100, hasta 20 mil días de salario mínimo vigentes; así se establece en los artículos 297, 298 y 299.
Nos escuchamos la próxima, en tanto tenga usted, ¡muy buen día!
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