Posdata
Alfonso González
Si no es por la diputada local petista, Nora Merino Escamilla, quien puso el dedo en la llaga y retó a sus pares panistas a comprobar que la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) no estaba custodiada por gendarmes estatales, el conflicto de la institución no hubiese revivido.
Porque hasta ese momento nadie había hecho algo más para presionar a fin de que el conflicto de la institución se pudiera resolver.
De los dos rectores que aseguran representar a la universidad no se hace uno.
La primera, Cecilia Anaya Berrios, quien representa los intereses de la Fundación Mary Street Jenkins y del grupo que encabeza Margarita Jenkins de Landa, no ha tenido ni la amabilidad de apoyar una sola manifestación de manera presencial.
Apenas lo hizo en los últimos días trepada en su automóvil, cosa que no gustó mucho a los estudiantes.
Y el segundo, Armando Ríos Piter, autonombrado como “El Jaguar” y representante del patronato que lidera Horacio Magaña, lo único que ha hecho es decir mentiras y utilizar su influencia política y su columna, publicada en el periódico Excelsior, para llevar agua a su molino.
Tuvo que ser por una acción de la diputada Nora Merino para que el conflicto de la Udlap volviera a la palestra política y judicial, y se permitiera la apertura del campus.
El rectorcito, si no es por la legisladora se habría mantenido rascándose la panza, tirado en su hamaca y observando como el desprestigio y su participación acaban poco a poco con lo que queda de la universidad.
Empero, con ese reto de la diputada quedaron claras dos cosas: primero, que la Udlap, aparentemente, no está tomada por la policía estatal sino es resguardada por elementos de una empresa de seguridad privada; y segundo, que la institución no estaba abierta y libre para los estudiantes.
La intervención de la diputada petista, así como la decisión de los panistas fue suficiente para animar a los estudiantes, padres de familia, académicos y trabajadores en general a volver a ejercer presión para que su universidad sea liberada.
Fue a partir de ese momento, tras la comparecencia del titular de la SEP, Melitón Lozano Pérez, y de la discusión de los legisladores que el conflicto de la universidad volvió a tomar fuerza e interés mediático.
¿Y Armando Ríos?
¿Y Cecilia Anaya?
¿Dónde carajo están los disque rectores de la Udlap que luchan incansablemente por tratar de resolver el conflicto?
En días pasados Armando Ríos redactó en su columna algunos pormenores de la supuesta apertura de la Udlap ordenada por el Poder Judicial; según él, quedó claro que la institución está abierta, cosa que no es cierto porque así lo demostraron los diputados panistas.
La Udlap no estaba custodiada por la policía estatal pero tampoco estaba abierta ni en funciones. De hecho, el campus está abandonado, en muy malas condiciones, sucio y en total incertidumbre por parte de su comunidad.
El Jaguar culpó en su texto a Cecilia Anaya de querer proteger, con sus acciones, al grupo que representa; sin embargo, olvidó decir que él defiende a capa y espada al que lo designó como rector a pesar de las ordenes judiciales que ordenaron entregarle las instalaciones de la Udlap a la Fundación Mary Street Jenkins.
Y sí, lo único cierto de su columna es que el conflicto en la Udlap gira en torno a la disputa legal de la familia Jenkins por la fortuna de 720 millones de dólares, misma que ya está fuera del país en algún paraíso fiscal.
Otro punto interesante que Armando Ríos ofrece en su columna es haber reconocido que las formas del grupo que él representa no han sido las mejores, pues han generado “confusiones” en la opinión pública.
Y acepta que mientras una de las partes en conflicto tiene en su poder el campus de la institución, el otro sigue administrando las cuentas y los dineros.
Que pena que un político de su talla esté inmiscuido en un problema legal entre particulares, el cual está llevando a la Udlap a la ruina, al desprestigio y a su posible total aniquilación.
Nadie, ni Armando Ríos Piter, ni la rectora Cecilia Anaya, están pensando en las graves afectaciones a los estudiantes, quienes sin deberla ni temerla son presas y rehenes de sus asquerosos intereses económicos y de su ambición desmedida.
Buenos deberían estar ambos supuestos rectores para hacer verdaderamente algo para que el grave conflicto de la Udlap se solucione.
Porque, insisto, su no fuese por los diputados del PAN y por Nora Merino el conflicto en la Udlap seguiría igual, sin avance, en silencio y sin mostrar el tamaño de la fuerza de sus estudiantes.
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