El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta envió al Congreso del Estado la iniciativa de ley para impedir la designación de jefes de la policía municipal con vínculos delincuenciales y la contratación de uniformados que no estén certificados.
En sesión ordinaria, ingresó el proyecto que reforma el Código Penal y la Ley Orgánica Municipal y en el cual establecen sanciones hasta siete años de prisión para los alcaldes que designe a un secretario o director de seguridad pública con nexos criminales como sucedió en Tulcingo del Valle.
Además planeta una sanción de cárcel para los policías municipales que ejerzan el cargo sin tener el Certificado Único Policial o acepten ser contratados sin tener la capacitación.
“Se da cuenta del oficio SEGOB/2045/2022 de la Secretaría de Gobernación del Estado quien por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo remite la iniciativa de reforma de decreto que modifica el artículo 418 y se adiciona las fracciones XVI Bis y Ter al artículo 419 del Código Penal”.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidades de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictaminación correspondiente y después sea enviada al Pleno del Congreso.
