El Ayuntamiento de Puebla se encuentra imposibilitado legal y jurídicamente para realizar la ejecutoria de utilidad pública o expropiación de 6 mil metros cuadrados de los campos del seminario, ya que los propietarios interpusieron cuatro amparos, dos de ellos vigentes.

En entrevista, la síndico de la capital poblana, Guadalupe Arrubarena García describió que adicional a ello, la pasada administración no agotó el proceso correspondiente para consolidar el acuerdo de cabildo de septiembre 2021, pero se suma también que no lo dejaron en trámite en el proceso entrega-recepción.

Arrubarena García precisó, con relación a los amparos, que existen dos peticiones del juez federal en las que las personas propietarias reclaman y exigen que no haya repetición de acto reclamado.

Lo anterior, dijo, significa que el juez determinó que el proceso no fue legalmente valido y, si lo vuelven a ejecutar, la autoridad municipal, incurriría en responsabilidad penal.

“Hemos sido respetuosos de esta zona que es propiedad privada e imposibilitados legalmente y jurídicamente para realizar una ejecución porque tenemos amparos y no se agotó el proceso en los plazo y quedamos imposibilitados. Tenemos dos peticiones del juez federal en las que las personas propietarias reclaman y exigen que no haya repetición de acto reclamado, es decir, que el juez determinó que un acto no fue legalmente válido, si lo volvemos a ejecutar, incurrimos en acto reclamado, y es una responsabilidad penal”.

Mencionó que propondrán dejar sin efecto el acuerdo de cabildo para cerrar el proceso de manera adecuada y respetar los derechos de las personas.

“Si me gustaría que se diera a conocer porque están desinformadas las personas de la zona, insisto, tienen los campos, están en funciones”.

Datos de acuerdo a la actual sindicatura

Los que se ostentan como propietarios interponen amparos en 2004, en 2006 se resuelve que no fue valida la expropiación porque no se agotó la garantía de audiencia.

En esa resolución se determina que no puede iniciar una expropiación sin agotar y respetar la garantía de audiencia

En 2021, el cabildo autoriza al síndico para realizar una nueva expropiación de 6 mil metros; en septiembre 2021 emite una declaratoria utilidad pública.

Para la ejecutoria determinan que el secretario de ayuntamiento (de la pasada administración) tiene 30 días para notificar a las áreas involucradas para iniciar el proceso de expropiación, lo que no sucede, no lo notifican y la secretaria del ayuntamiento actual dice que no lo dejan en trámite.

A este momento ya trascurrió un año que es el plazo de vigencia, la declaratoria de utilidad pública ya perdió vigencia.

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