En este artículo me gustaría reflexionar alrededor de la propuesta de educación que se incluye en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un esfuerzo interesante de tratar de poner en la mesa, de más de 200 países, problemáticas y orientaciones comunes. En esta propuesta, destaco la presencia de conceptos como inclusión, equidad y aprendizaje a lo largo de la vida, por la propia importancia que les confiero en relación con problemáticas coyunturales de nuestro país.
Sin embargo, lo que es evidente es que esta propuesta cobra diferentes significados y requiere de un diferente nivel de prioridad y profundidad según cada país. Considerar que este documento en sí mismo podría tener algún impacto de mejora en la educación mexicana, es de nuevo caer en la trampa de la simulación a la que bien acostumbrados estamos en el ámbito educativo en México.
De hecho, en relación con esta insuficiencia de los documentos para garantizar lo que se proponen, rescato la idea de la necesidad de la función del Estado; pues de otra manera estas declaraciones confieren un marco muy abierto de responsabilidad, que puede ser lo mismo: creer que todo es válido y nada, o que la responsabilidad es de todos y de nadie.
Y con esto no me refiero hablar de un Estado como un aparato autoritario, sino más bien de retomar la importancia de que las instancias y organizaciones políticas y de administración pública asuma sus responsabilidades para garantizar los derechos fundamentales para la cohesión social más allá de la firma de dichas declaraciones.
Siguiendo con el análisis de este documento, aunque se identifica el cruce de diferentes paradigmas, se puede ver en el detalle de las metas de la mano de la misma crítica que él hacía, la existencia de una inclinación más dominante que otra. Por un lado identificar una mirada humanista desde conceptos y abordajes centrados en la inclusión y la diversidad; y por otro lado, una mirada instrumentalista y neoliberal que pone el foco de lo educativo en la relación con las fuerzas del mercado. Y en medio de estas otra perspectiva en la que se sumaban orientaciones que tenían que ver con aspectos como la sostenibilidad y aprendizaje a lo largo de la vida, que quedaban transitorias y poco definidas entre un paradigma y otro.
Pero como mencionaba, aunque se puede observar la presencia de discursos más humanistas, predomina una mirada más instrumental sobre la educación, la cual perpetúa, desde mi perspectiva, miradas excluyentes y reducidas de la misma. De hecho, esta inclinación instrumentalista se ve claramente en esta propuesta si se pone a la luz, por un lado, que la base de las metas de esta Agenda está justamente en la evidencia de tipo cuantitativo, especialmente de pruebas estandarizadas; y por otro lado, que las metas aun cuando se refieren a aspectos que por su complejidad y naturaleza no pueden ser reducidos a números, terminan expresándose en función de cantidades: más cantidad de años, más oferta, más presupuesto, más becas, más de años de escolarización, etc.
De tal forma que, sin una lectura crítica y compleja de estos documentos, y marcos contextualizados y fundamentados para su operacionalización de por medio, arriesgamos a convertirlos en instrumentos que perpetúen la dominación y la exclusión (Akkari, 2018); o que se queden en la ambivalencia de su consenso, en el limbo diría yo, y se vuelvan declaraciones vacías de sentido y acción en el contexto particular de cada país.
De ahí, que recuperando el valor y el peso ineludible que tiene los acuerdos en común a nivel internacional, en una época globalizada como la que vivimos, es que remarco la importancia y deber social de hacer una lectura crítica y compleja de estas orientaciones, especialmente a la luz de las particularidades de cada contexto.
Misma lectura compleja que expreso como una necesidad propia de la profesión docente; pues la práctica docente está inmersa en la tensión de mundos uniformizantes y abstractos; y mundos propios de la vida cotidiana y condiciones de sus aulas, donde sin duda habrá que hacer una contextualización para lograr la pertinencia de lo educativo.
Por ello, quiero remarcar que estos instrumentos internacionales pueden ser movilizadores de los actores si se analizan y se sopesan críticamente, a la luz de los contextos en que se pretenden desarrollar y de marcos de referencia que tienen por base el principio de justifica social, que considero indispensable de cualquier propuesta educativa, y de cualquier acto educativo.
Y por lo tanto no desde una mirada colonizadora y hegemonizante como la que persiste, sino desde una emancipadora (Akkari, 2018), que permite incluso decir “que sí, que no y qué tanto” de estas grandes propuestas bajo la realidad cada país.
La autora es académica de la Universidad Iberoamericana Puebla.
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