Mesa Directiva del Congreso turna a comisiones iniciativas de diputadas y diputados
– El órgano colegiado envía para su análisis propuestas legislativas en materia de medio ambiente, derechos humanos, salud y procuración de justicia
En sesión de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, la Mesa Directiva turnó a comisiones generales diversas iniciativas de diputadas y diputados en materia de medio ambiente, derechos humanos, salud y procuración de justicia.
Las propuestas legislativas que fueron enviadas a comisiones para su estudio y dictaminación correspondiente, son las siguientes:
Iniciativa de La diputada Karla Rodríguez Palacios, para reformar la fracción III del artículo 6 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, con la finalidad de promover el uso eficiente y la optimización del manejo integral del agua, así como el aprovechamiento de las lluvias de temporada.
La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.
Iniciativa de la diputada Nancy Jiménez Morales para reformar al artículo 15 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Puebla, que tiene como finalidad establecer acciones afirmativas aplicables hacia personas de pueblos, comunidades indígenas o afrodescendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
La Iniciativa fue enviada a la Comisión de Derechos Humanos.
Iniciativa del diputado Carlos Alberto Evangelista Aniceto, para reformar las fracciones II, III, IV y adicionar la fracción V al artículo 56 de la Ley Estatal de Salud.
La propuesta legislativa tiene como propósito garantizar que a todas las niñas y niños recién nacidos se les aplique un tamiz neonatal ampliado y el tamiz auditivo, en toda unidad médica pública o privada, con la finalidad de agregar esta prueba al cuadro básico aplicado a los recién nacidos.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud.
Iniciativa de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia para adicionar el artículo 228 Quinquies al Código Penal del Estado, con la finalidad de imponer de uno a tres años de prisión y de cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien someta, condicione, coaccione, presione u obligue a una niña, niño o adolescente a cambiar o modificar, por medio de cualquier mecanismo de carácter externo, terapéutico o similar, su identidad sexual, en contraposición a su identidad biológica.
Esta Iniciativa se turnó a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
