La comisión de procuración y administración de justicia del Congreso del Estado aprobó, por unanimidad, la Ley Monzón, una iniciativa que busca retirar la patria potestad a los feminicidas y a aquellos que estén vinculados a proceso.
Esta propuesta surge a raíz del asesinato violento de la activista Cecilia Monzón Pérez, el pasado 21 de mayo de 2022, en San Pedro Cholula, Puebla, por el padre de su hijo, el político Javier López Zavala.
En junio de 2022, la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a López Zavala, como presunto autor intelectual del homicidio.
Monzón fue acribillada en su camioneta por dos sujetos armados, quienes dispararon en seis ocasiones contra el vehículo; los atacantes iban a bordo de una motocicleta, en la que huyeron después del atentado.
Posterior a la aprobación del dictamen mismo que se prevé pase al pleno este jueves, en conferencia de prensa, el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Castillo Pérez sostuvo que la ley no tiene nombre porque se legisla para todos y todas, de tal suerte que las modificaciones al código civil corresponden a una necesidad del menor.
“Vamos a ser objetivos: esta ley no tiene nombre, definitivamente como presidente no se legisla por una o dos, se legisla para 217 municipios, la ley es la pérdida de patria potestad por un feminicida. El congreso legisla leyes que no tienen nombre, pero dejar claro que esta ley tiene nombre jurídicamente”.
En respuesta, la presidenta de la comisión de gobernación, Mónica Silva reviró al decir que la Ley Monzón tiene una razón y un motivo como todas las leyes que llevan el nombre de una víctima.
“Eso desafortunadamente no lo podemos quitar del imaginario colectivo, es un tema crudo que sucedió como el que originó la iniciativa, sí impactará a los 217 municipios, pero es como quitar la alerta amber porque amber era una menor, como Ley Olimpia y Olimpia, al final es parte de respetar a las víctimas, de visibilizar las cuestiones que estamos trabajando”.
La ley contempla una serie de reformas al código civil y penal que tienen como finalidad establecer la pérdida de la patria potestad a quien sea condenado por feminicidio y suspenderla desde el auto de vinculación.
