La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Blanca Alcalá Ruiz celebró la aprobación de la reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, denominada como la Ley 3 de 3, para que ningún violentador de mujeres, agresor sexual o deudor alimentario pueda ocupar cargo público.
“Que lo escuchen bien, y que lo escuchen fuerte, no más agresores en el poder público, ¡Ningún agresor al poder!”, advirtió, desde tribuna la vicecoordinadora de la bancada priista en San Lázaro.
Detalló que la reforma agrega un fracción séptima al artículo 38 para evitar que personas con sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida e integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, no sean registrados como candidatas y candidatos para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrados para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Esta suspensión de derechos, agregó, también aplicará para quienes hayan sido declarados por autoridad competente como deudores alimentarios morosos.
Alcalá Ruiz asentó que esta iniciativa propone “0’” tolerancia a la violencia, para quienes busquen formar parte de las instituciones o aspirar a representar a la sociedad en un cargo de elección popular. Se trata de que uno de los atributos y requisitos que califiquen la idoneidad o elegibilidad sea no haber incurrido en conductas violentas.
Puntualizó que lo mismo aplicará para quien aspire a ocupar la más alta esfera de toma de decisiones, o el más modesto encargo público. “En todos los casos exigiremos que las personas se conduzcan en la vida privada como en la pública en un marco de libertad, pero al mismo tiempo de observancia de la ley que nos permita recuperar la ética en la política y en el servicio público”.
“Me siento honrada de estar aquí al lado de mujeres valientes comprometidas y luchadoras sociales, dispuestas a escribir una línea en la historia de nuestro país impulsando esta trascendental reforma constitucional, para que la inseguridad y violencia, queden en el pasado”.
En las causas de las mujeres, aseveró, ponderamos la importancia de tender puentes y construir acuerdos con todos los grupos parlamentarios para avanzar en la agenda de las mujeres.
“Las mujeres, las niñas y adolescentes de nuestro país lo merecen y aquí estamos para hacer lo que nos corresponde, legislar para erradicar la violencia que tanto daño hace”, expresó.
El dictamen también es un ejemplo, dijo, para ver que dejando a un lado posiciones ideológicas y de grupos podemos sumar en favor de México.
Blanca Alcalá destacó que esta reforma no tiene dedicatoria a una, dos o tres personas, tiene como destinatario a todos las y los integrantes del ejercicio público.
“La 3 de 3 contra la violencia deberá ser norma en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es 3 de 3 porque en el gobierno federal, estatal o municipal nunca más permitiremos que un agresor, violentador o deudor alimentario llegue al poder. La 3 de 3 busca recuperar la ética pública en cada actuación y en cualquier relación”, señaló.
Durante 2022, de acuerdo con el INEGI, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 7 de cada 10 han experimentado al menos un incidente de violencia. En 51% de los casos psicológica, seguida de la violencia sexual en un 49.7%, la violencia física en un 34.7% y en un 27.4% de la violencia económica, patrimonial y/o discriminación.
Por si fuera poco, añadió, nuestro país desafortunadamente ocupa el segundo lugar en la región de América Latina con más feminicidios.
“En el Grupo Parlamentario del PRI seguiremos impulsando la estructuración de un marco jurídico que permita enfrentar con eficacia una de las problemáticas más sensibles, la violencia en cualquiera de sus expresiones. Seguiremos trabajando por la construcción colectiva de una sociedad democrática, plural, incluyente, orientada en valores como la justicia, la libertad, la seguridad y la solidaridad”, concluyó.
El dictamen se aprobó con 455 votos a favor, 0 en contra y 25 abstenciones. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
