Por su parte, la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro explicó que en 2015 el entonces gobierno estatal contrató un despacho en asesoría fiscal, que le recomendó a las autoridades estatales solicitar la devolución de impuestos de 2009 y 2010 al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que Puebla recibió 702 millones de pesos a finales de 2015 y principios de 2016.
Sin embargo, en 2018 el SAT determina que la devolución fue incorrecta, dado que la solicitud fue sustentada en una disposición de 2008: “se hizo retroactiva una disposición cuando todavía el gobierno ni siquiera estaba adherido a las disposiciones fiscales y Puebla se adhiere hasta el 2011 y al no tener la legalidad lo toman como un acto de dolo”, dijo.
Refirió que, ante esta situación, las autoridades fiscales le determinaron a Puebla un crédito fiscal, el cual podía pagar o litigar, por lo que el gobierno estatal decidió buscar la vía legal, sin embargo, el monto aumentó de 2018 a la fecha de 700 a 2 mil 700 millones de pesos (aplicando una quita de 100 millones de pesos), erogándose mensualmente entre 20 y 30 millones de pesos por el litigio.
Explicó que, previo análisis, el gobierno de Sergio Salomón determinó cumplir con el pago, lo cual fue posible gracias a las finanzas sanas de Puebla. Puntualizó que la política de austeridad se hará más estricta, sin afectar programas o estrategias gubernamentales.
