Más que un correo anónimo y una acusación sin remitente, se requiere, para poder inculpar a alguien de algún determinado hecho, de algún indicio que pruebe lo que se está denunciando.
Poque nadie puede acusar a nadie sin pruebas de por medio.
Y menos si se trata de delitos tan graves como acoso sexual por parte de un servidor público, entonces se requieren pruebas contundentes que demuestren los hechos.
Es el caso del titular de la Dirección General Jurídica del Congreso del Estado, Gilberto Ramón Navarro Jiménez, a quien están inculpando de acoso sexual y violencia sin prueba alguna.
Y sin la intención de defender a nadie, porque en el Congreso del Estado, particularmente, me he metido a indagar muchos casos de injusticia laboral, los cuales incluso han derivado en destituciones de algunos funcionarios, es imprescindible que en asuntos tan graves como este se aporte algún indicio.
De lo contrario, se estaría incurriendo en varios delitos igual de graves: el de falsedad de declaraciones, el de difamación y hasta el de daño moral.
Casi nada.
Por ello la importancia de aportar pruebas suficientes que demuestren que el acusado es verdaderamente responsable de los hechos que se le imputan.
Sobre todo ahora que las leyes amparan, cuidan y protegen a la mujer más que nunca.
Aunque, es necesario que las atribuciones que se le adjudican a determinada persona, funcionario público, político o famoso, sean totalmente apegadas a la realidad y no caigan, como sucede en muchos casos, en simples pleitos o revanchas personales.
Resulta que a los 41 diputados del Congreso local les llegó, vía correo electrónico, una denuncia anónima sobre un posible caso de acoso sexual en agravio de las trabajadoras de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Proyectos Legislativos, a cargo de Gilberto Navarro, a quien señalan como agresor.
La supuesta acusación estriba en que el funcionario envía fotografías personales de contenido sexual a las trabajadoras del Poder Legislativo.
Según el reporte anónimo recibido por los diputados poblanos, estas imágenes extrañamente se envían con la configuración para una sola visualización, a fin de no dejar evidencia de los hechos.
Sin embargo, todo mundo sabe que cualquier teléfono celular puede hacer la captura de pantalla instantánea antes que se borre la imagen recibida, a fin de guardar una prueba.
Es muy extraño que “un grupo de trabajadoras” del Congreso haya recurrido al anonimato, sin pruebas, para denunciar a uno de los directivos del Poder Legislativo de acoso sexual.
Y aún más insólito que no hayan acudido a las instancias que defienden, amparan y protegen a la mujer en Puebla.
Es más, por qué no recurrir al propio gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, cuando todo mundo sabe de su apoyo irrestricto a la mujer.
No entiendo por qué no acudir, también, a las organizaciones de mujeres, a las instancias que las defienden y a las más altas esferas para denunciar un hecho tan grave.
Ojalá que se aclaren las cosas en el Congreso del Estado, se deslinden responsabilidades y se llegue a la verdad.
Porque ninguna mujer merece ser acosada ni violentada, ni tampoco nadie puede ser juzgado ni acusado injustamente.
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Se avecinan más cambios y relevos en el gobierno del estado, los cuales serán dados a conocer por el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en cualquier momento.
Ayer, de entrada, se anunció el relevo de Miguel Ángel García Martínez en la dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep).
En su lugar fue nombrado el Dr. Amaury Trejo Rivas, quien se desempeñaba como jefe de la División de Cirugía del nosocomio, desde donde encabezó el primer trasplante renal del Instituto de este año.
Otro cambio, trascendió, es el de María Teresa Castro Corro, secretaria de planeación y finanzas del estado. Al relevo, se dice, llegaría José Antonio López Malo Capellini, quien aún no se ha decidió a tomar el cargo.
Un cambio más que se ha puesto en la mesa de análisis, me aseguran, es el del director del Colegio de Bachilleres de Puebla (Cobaep), José Luis Nájera Muñoz, quien no ha logrado la empatía necesaria para con los trabajadores de la institución.
Y es que a Nájera lo ven como un personaje sin la preparación, ni la mínima capacidad, para resolver los distintos conflictos del colegio.
Además, dicen que los escándalos del director van a estallar tarde que temprano y eso es una bomba de tiempo para el Cobaep.
Se habla de que podrían salir a la luz comprobantes de pago de las dependencias en las que la hacía de “aviador”, durante su trabajo como particular del ex gobernador Miguel Barbosa Huerta, donde cobrara su salario.
Así como nuevas fotografías y vídeos de sus fiestas privadas con mujeres, alcohol y todo tipo de drogas, todo un escándalo.
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